La controversia en torno a la designación del ingeniero agrónomo Yarushel Valenzuela Segura ha escalado a un nuevo nivel político e institucional. Apenas días después de que fuera removido del cargo de director regional de Agricultura por presuntamente presentar documentación falsa, el gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar Lucas, firmó una nueva resolución que no solo restituye a Valenzuela en el cargo, sino que anula la decisión ejecutiva tomada por el vicegobernador regional, Juan Sívori Paredes Ríos, quien lo había cesado mediante una resolución anterior.
El hecho fue denunciado públicamente por el consejero regional Vidal Ruben Adrian Facundo, que representa a la oposición, calificándolo como “un acto bochornoso nunca antes visto” en la historia reciente del Gobierno Regional de Huánuco. Según indicó, la Resolución Ejecutiva Regional N.º 0259-2025, suscrita por Pulgar el 30 de abril, desautoriza directamente la Resolución N.º 0254-2025 emitida por el vicegobernador, en lo que sería un caso inédito de conflicto de atribuciones al interior del Ejecutivo regional.
Controversia por presunta falsificación
El consejero regional advierte que esta maniobra tendría como finalidad proteger al funcionario de una eventual investigación por parte de organismos de control. “Con esta restitución, Pulgar lo defiende para que no hable, porque sabe demasiado de lo que ocurre en eventos como Expoamazónica, Ficafé o el Festival del Queso, donde los manejos internos involucran grandes sumas”, señaló. Agregó que esta actuación política exige una respuesta inmediata de la Contraloría General de la República y la Fiscalía Anticorrupción.
La restitución de Valenzuela ocurre en un contexto altamente polémico. Su destitución fue motivada por una denuncia ciudadana que lo acusa de haber presentado certificados laborales falsos para acreditar experiencia profesional y así acceder al cargo. El denunciante, Limber Rodríguez Jara, aseguró que una empresa privada negó cualquier vínculo con Valenzuela, a pesar de que éste la mencionó en su expediente como centro laboral.
Además, un informe interno de la Gerencia de Desarrollo Económico del gobierno regional habría confirmado que al menos uno de los documentos presentados por el funcionario carecía de sustento legal.
Durante su gestión anterior, Valenzuela fue señalado en diversas ocasiones por presuntas irregularidades en procesos de contratación, direccionamiento de obras y designaciones cuestionadas de personal.
Rechazo de sindicatos y pedido de control
Diversos gremios sindicales, como CITRACAS, han cuestionado la designación inicial de Valenzuela y respaldaron la denuncia que provocó su remoción. Tras su restitución, aún no han emitido un pronunciamiento oficial, pero dirigentes consultados consideran que el acto constituye un retroceso en los esfuerzos por transparentar la gestión pública.
Limber Rodríguez, el ciudadano que lideró la denuncia, ha reiterado su llamado a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría Anticorrupción y al Ministerio Público, solicitando una intervención integral que incluya la revisión de todos los procesos de designación en la gestión de Antonio Pulgar.
Argumentos legales del Gobierno Regional
Según la resolución firmada por Pulgar, Valenzuela habría superado satisfactoriamente una evaluación técnica del perfil del puesto realizada el 22 de abril. El documento destaca que el funcionario cumple con los criterios establecidos por la Ley N.º 31419, que regula la idoneidad para el ejercicio de funciones públicas en cargos de libre designación.
Además, se hace referencia al régimen laboral especial del Decreto Legislativo N.º 1057, que otorga al Ejecutivo regional la facultad de designar o remover funcionarios bajo criterios distintos a los de estabilidad laboral tradicional.
En la misma resolución se ordena que se remita copia del documento a las distintas instancias del Gobierno Regional y que se reabra el expediente personal de Valenzuela.
Dato:
Blindaje político. La decisión de restituir a Yarushel Valenzuela no solo reabre un caso aún sin resolver, sino que también plantea interrogantes sobre la consistencia ética del Gobierno Regional de Huánuco y la coherencia en el cumplimiento de los principios de meritocracia. Si bien legalmente es posible designar a funcionarios de confianza mediante régimen CAS (Decreto Legislativo 1057), la propia normativa exige garantizar “la idoneidad en el ejercicio de la función pública”.
