La compra de 18 camiones volquetes realizada en 2023 por el Gobierno Regional de Huánuco se encuentra bajo investigación penal por una presunta sobrevaloración que habría generado un perjuicio económico de S/ 1’976,663.95. El caso es investigado de oficio por la Fiscalía Anticorrupción y se sustenta en observaciones de la Contraloría, que advierten pagos irregulares por mantenimiento y deficiencias en el control del proceso de adquisición.
En ese contexto, el gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar Lucas, se pronunció públicamente sobre el caso y aseguró que, tras conocerse los cuestionamientos, su gestión adoptó decisiones internas, entre ellas la separación temporal de un funcionario vinculado al área responsable de la compra. Según indicó, la medida se aplicó como acción preventiva mientras se evaluaban los hechos observados por los órganos de control.
Pulgar sostuvo que su administración no guardó silencio frente a las denuncias y afirmó que el funcionario separado retornó posteriormente al cargo debido a que, según su versión, “hasta la fecha no tenía nada”, en referencia a la ausencia de pruebas o denuncias formales vigentes en su contra en ese momento. No obstante, precisó que la investigación penal continúa su curso en el Ministerio Público, instancia que determinará eventuales responsabilidades administrativas o penales.
Fiscalía investiga presunto perjuicio por mantenimiento adelantado
De acuerdo con información del Ministerio Público, el presunto perjuicio económico de S/ 1’976,663.95 estaría asociado al pago adelantado del mantenimiento de 15 volquetes y al mantenimiento correctivo de un vehículo identificado con la placa EAK-958. Estos servicios, según la hipótesis fiscal, habrían sido aprobados y pagados sin que existiera sustento técnico suficiente o verificación efectiva de su ejecución.
Como parte de las diligencias preliminares, la Fiscalía Anticorrupción de Huánuco realizó allanamientos en diversos inmuebles relacionados con el caso, con el objetivo de recabar documentación y otros elementos que permitan esclarecer las circunstancias de la contratación y los pagos efectuados. El gobernador afirmó que su gestión viene colaborando con estas acciones y que ha puesto a disposición la información requerida.
Informe de Contraloría advierte irregularidades en la compra
El caso también se sustenta en el Informe de Control Específico N.° 140-2024-2-5339-SCE de la Contraloría General de la República, difundido a inicios de este año. Dicho documento concluye que la compra de los 18 volquetes no solo implicó un sobrecosto significativo para el Estado, sino que además presentó deficiencias que dejaron parte de las unidades inoperativas, afectando directamente a la población que debía beneficiarse con su uso.
Según lo consignado en el informe, varios funcionarios de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones habrían aprobado modificaciones en los términos de referencia, autorizado pagos por servicios de mantenimiento sin verificar su prestación y otorgado conformidades sin asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. La Contraloría identificó presunta responsabilidad administrativa y penal, y recomendó que el caso sea derivado a la Fiscalía y a la Procuraduría Anticorrupción para las acciones legales correspondientes.
Defensa de decisiones internas y permanencia de funcionarios
En sus declaraciones, Pulgar defendió la aplicación de lo que denominó un “sistema de alerta” dentro de su gestión, mecanismo que —según explicó— permite retirar temporalmente a funcionarios cuando se detectan situaciones que podrían comprometer la administración pública. Sin embargo, también sostuvo que su criterio es otorgar continuidad cuando, de acuerdo con su evaluación, no existen elementos concluyentes que acrediten responsabilidad.
El gobernador señaló que se vienen aplicando correctivos dentro del equipo gerencial, aunque defendió la permanencia de algunos cargos que considera estratégicos para la continuidad de la gestión regional. En ese marco, también se refirió a la situación legal de exfuncionarios que enfrentaron cuestionamientos en el pasado, indicando que algunos procesos continúan en curso y que será el sistema de justicia el que determine responsabilidades.
Indicadores presupuestales en medio de cuestionamientos
En paralelo al caso de los volquetes, Pulgar informó que, a menos de una semana del cierre del año fiscal, el Gobierno Regional de Huánuco alcanzó un 95% de certificación presupuestal y un 71% de devengado. Según indicó, estas cifras reflejan una recuperación frente a los retrasos registrados meses atrás en la ejecución del gasto público regional.
El gobernador afirmó que la certificación presupuestal corresponde al respaldo del gasto planificado, mientras que el devengado representa la etapa final de ejecución vinculada al pago efectivo. “Hay avance, pero el devengado aún está bajo y debe subir”, señaló durante sus declaraciones, al precisar que espera un incremento de este indicador en los últimos días del año.
Aunque los indicadores presupuestales describen el desempeño financiero de la gestión, el caso de la compra de los volquetes permanece en investigación y su esclarecimiento depende de los resultados de las diligencias fiscales y de control. Mientras tanto, las observaciones de la Contraloría y las acciones del Ministerio Público mantienen el tema bajo escrutinio público, en un contexto marcado por cuestionamientos al manejo de los recursos regionales.
