El conflicto en el sector La Ribera, provincia de Puerto Inca, se concentra hoy en un punto clave: la validez de constancias de posesión que, según los agricultores, estarían siendo usadas por terceros para intentar tomar control de tierras dedicadas a la agricultura. Los comuneros sostienen que lo que comenzó como un trámite administrativo escaló a una disputa mayor, con denuncias de agresiones y un clima de tensión que —afirman— pone en riesgo su seguridad.
El presidente comunal Francisco Córdoba señaló que la comunidad se mantiene en alerta debido a la presencia de personas que, de acuerdo con su versión, llegaron respaldadas por constancias de posesión y exigen que los agricultores abandonen los terrenos. La población afirma que trabaja y reside en la zona por años, y que el documento cuestionado se ha convertido en el principal factor de confrontación.
El abogado de los agricultores, Willington Ventura, advirtió que los expedientes que dieron origen a esas constancias de posesión presentarían “serias irregularidades” y que existirían intereses vinculados a la minería ilegal detrás de la disputa. Según su versión, dos personas aparecieron con dichas constancias y empezaron a reclamar derechos sobre los predios.
Ventura sostuvo que la defensa solicitó dentro del plazo legal la nulidad de las constancias, pero la respuesta que habrían recibido fue que la entidad ya no podía pronunciarse porque el documento “venció”. El letrado cuestionó que, pese a las observaciones, los expedientes no habrían sido derivados al Ministerio Público para una evaluación penal, lo que —según indicó— incrementa la sospecha sobre la autenticidad o legalidad de la documentación.
Los agricultores aseguran que han presentado denuncias ante la Dirección Regional de Agricultura de Huánuco y otras oficinas del Gobierno Regional. Sin embargo, sostienen que las acciones adoptadas hasta el momento no han sido suficientes para frenar el problema ni para esclarecer la legalidad de las constancias cuestionadas.
Mientras el caso continúa en evaluación, la comunidad afirma que seguirá trabajando sus cultivos, aunque en un escenario de incertidumbre. Los pobladores piden que las autoridades revisen el sustento técnico y legal de los documentos emitidos, determinen responsabilidades si existieran irregularidades y adopten medidas que eviten una escalada del conflicto en La Ribera.
