La Dirección Regional de Agricultura de Huánuco informó sobre presuntas irregularidades financieras detectadas en la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) de Puerto Inca, tras la emisión del Informe N.º 18975-2025 de la Contraloría General de la República.
De acuerdo con el director de Asesoría Jurídica de dicha entidad, Witkler Mena Chávez, el documento advierte que entre enero de 2024 y septiembre de 2025 no se habría ingresado un total de S/759,016.43 a la tesorería regional. El monto corresponde a los conceptos de aprovechamiento forestal y derechos de transporte por actividades madereras registradas en la zona.
Según manifestó Mena Chávez, la omisión fue detectada tras una revisión del flujo de ingresos institucionales, evidenciando una diferencia sustancial frente a los reportes presentados por el área de Tesorería. Además, señaló que durante ese periodo, el sistema registró ingresos significativamente menores a lo esperado: S/124 mil en 2024 y apenas S/6 mil en 2025 hasta septiembre, lo que contradice la intensidad de la actividad forestal en la provincia.
Duplicados y supuestos adulteraciones
El funcionario también alertó sobre la existencia de formularios de captación duplicados y talonarios presuntamente adulterados. “Algunos de estos documentos no coincidían con el modelo oficial impreso ni con el logotipo institucional”, declaró Mena, lo que motivó que la Dirección de Agricultura remitiera el caso a la Procuraduría Pública Regional para una posible denuncia penal.
Como parte del contexto, se conoció que gran parte de la documentación física de la ATF fue incinerada en un incendio ocurrido en su sede. Según el director jurídico, este hecho ha complicado el proceso de verificación documental y ha obligado a la institución a emitir una resolución para la recomposición de expedientes administrativos, además de requerir información faltante a las áreas correspondientes.
Respecto a los documentos perdidos, Mena aseguró que su despacho ha solicitado a Tesorería emitir un informe detallado sobre los registros disponibles. También precisó que se está recopilando evidencia para sustentar el inicio de procesos sancionadores y eventualmente formular denuncias ante el Ministerio Público, en coordinación con la Procuraduría.
Proceso administrativo
Según lo declarado, tres servidores —presuntamente vinculados a las irregularidades— están siendo investigados a través de un proceso disciplinario iniciado por la Secretaría Técnica. Mena Chávez precisó que podrían estar involucrados trabajadores de la sede de Puerto Inca y de la Dirección Regional de Agricultura.
El funcionario sostuvo que, pese a las investigaciones en curso, los trabajadores continúan en funciones debido a su régimen laboral. “Son contratos CAS indeterminados. Según lo establecido por Servir, no pueden ser rotados a otras áreas o provincias sin autorización previa”, indicó.
En ese sentido, reconoció que las limitaciones normativas complican la aplicación de medidas preventivas inmediatas. Asimismo, indicó que el Administrador Técnico Forestal de Puerto Inca, encargado de reportar los ingresos, no habría cumplido con sus funciones conforme al reglamento. “No ha informado con la documentación completa ni en el momento oportuno”, aseguró. Consultado sobre su posible responsabilidad, respondió que dicha hipótesis será evaluada en el marco del proceso penal ya remitido a las instancias competentes.
Caída en ingresos
Otro punto señalado por la Dirección de Asesoría Jurídica fue la caída progresiva en los ingresos forestales desde el año 2020, situación que no habría generado alertas internas pese al evidente aumento de la actividad maderera en la zona.
Mena reconoció que la administración dependía de los reportes mensuales emitidos por Tesorería. “Nosotros estamos supeditados a que el área administrativa informe los ingresos. Ellos han informado, pero no en su totalidad”, afirmó. Esta dinámica, explicó, habría dificultado advertir el desfase real entre lo recaudado en campo y lo efectivamente registrado en la entidad.
Frente a esta situación, sostuvo que actualmente se ha instruido a los nuevos responsables de la ATF de Puerto Inca a realizar reportes semanales documentados de ingresos, con el fin de mejorar el control y la trazabilidad de las recaudaciones. De acuerdo con su testimonio, los ingresos actuales oscilan entre S/17 mil semanales, cifra que contrastaría con los bajos montos reportados previamente.
