La directora regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Huánuco, Mercy Rosabel Calderón Rodríguez, informó que el distrito de Puerto Inca registra actualmente 141 operadores inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), convirtiéndose en la zona con mayor presencia de actividad minera informal en la región.
Según indicó, esta cifra contrasta con otros distritos como Honoria y Tournavista, donde no se ha registrado ninguna operación formal en proceso de regularización, o Yuyapichis, que reporta solo siete.
Calderón detalló que las cifras provienen de los reportes y fiscalizaciones realizadas por su dirección entre los años 2023 y 2025. En ese mismo periodo, aseguró que se han detectado numerosos casos de minería ilegal, algunos de los cuales —según señaló— “se confunden” con actividades que aparentan cumplir los requisitos de formalización. Como parte de las acciones administrativas, la funcionaria afirmó que 56 informes han sido remitidos al Ministerio Público, solicitando que se tomen las acciones correspondientes.
Extranjeros en la minería
Calderón manifestó que las operaciones ilegales identificadas en Puerto Inca no se desarrollan de forma aislada, sino que coexisten con otras actividades ilícitas, como la tala ilegal de madera y el narcotráfico, lo que —según sostuvo— complica el cálculo del área total afectada por la minería no autorizada. Indicó que esta superposición de delitos impide determinar con precisión cuántas hectáreas han sido específicamente intervenidas por la minería ilegal.
La funcionaria también informó que se ha detectado presencia de ciudadanos extranjeros en las zonas fiscalizadas, incluidos ciudadanos de nacionalidad china. Estas personas estarían involucradas en actividades presuntamente ilícitas y habrían sido denunciadas ante la Fiscalía.
Consultada sobre el riesgo que enfrentan los equipos que realizan las supervisiones en campo, Calderón reconoció que el personal de la dirección, así como los profesionales externos y miembros de las ATF, intervienen frecuentemente sin acompañamiento policial, lo que —según afirmó— representa un riesgo real para su integridad física.
También señaló que, en varias ocasiones, algunas comunidades han expresado abiertamente su respaldo a las operaciones ilegales, justificando su posición con el argumento de que “no hay presencia del Estado” en sus territorios.
Buscan sustentar declaratoria de emergencia
Respecto a la solicitud de una declaratoria de emergencia para Puerto Inca, Calderón explicó que la Dirección Regional de Energía y Minas viene elaborando un sustento técnico sólido que permita justificar la medida ante instancias del Ejecutivo o la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Según señaló, aunque el problema ha sido advertido desde hace tiempo, “no se puede solicitar una declaratoria sin un respaldo adecuado”, y por ello el gobierno regional está trabajando en consolidar información verificable que evite un posible rechazo del pedido.
El dato
La funcionaria subrayó que una eventual declaratoria permitiría suspender las garantías constitucionales en zonas críticas, facilitando la intervención de fuerzas del orden y el despliegue de acciones interinstitucionales de control. También anticipó que, de aprobarse la medida, habría una mayor presencia de la Policía Nacional y del sistema de justicia, lo cual —según su opinión— contribuiría a frenar el avance de las actividades ilegales.
