El congresista Américo Gonza Castillo, de la bancada de Perú Libre, ha presentado un polémico proyecto de ley para la creación de la Escuela Nacional de Justicia y Derechos Humanos, con el objetivo de formar y capacitar a jueces, fiscales, defensores públicos y otros operadores del sistema judicial. Según el legislador, la institución tendría plena autonomía académica, financiera y administrativa, aunque dependería del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSHD).
Detalles del proyecto
El proyecto de ley establece que la nueva escuela otorgaría títulos profesionales y grados académicos en nombre de la Nación, y su implementación estaría a cargo del MINJUSHD. La iniciativa propone modificar leyes clave como el Código de Ejecución Penal y la Ley de la Procuraduría General del Estado para integrar la capacitación permanente de funcionarios judiciales y penitenciarios, así como exigir que quienes aspiren a ser procuradores del Estado completen el programa de la nueva escuela.
Gonza Castillo asegura que la propuesta no implicará costos adicionales para el tesoro público, ya que el Ministerio de Justicia asumirá el financiamiento necesario. Además, el régimen laboral de los docentes de la escuela seguiría las disposiciones de la Ley de la Carrera Universitaria (Ley N° 30220), otorgándoles los mismos derechos que a los profesores universitarios.
Entre los coautores del proyecto destacan los congresistas María Antonieta Agüero Gutiérrez, Flavio Cruz Mamani, Waldemar Cerrón Rojas, Isaac Mita Alanoca y Kelly Portalatino Ávalos, todos ellos también pertenecientes a la bancada de Perú Libre.
Preocupaciones sobre la independencia judicial
La propuesta ha generado preocupación entre expertos y sectores de la sociedad civil, quienes ven en ella una amenaza a la independencia del sistema judicial. El proyecto centralizaría la formación de jueces y fiscales en una institución controlada por el Poder Ejecutivo, lo que podría facilitar la injerencia política en el sistema de justicia.
El diario El Comercio ha advertido que la iniciativa podría debilitar la imparcialidad de jueces y fiscales, al concentrar la capacitación y evaluación de estos profesionales en manos del Ejecutivo. Esta concentración de poder ha sido calificada como “peligrosa” por analistas, quienes señalan que, en un contexto donde Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, enfrenta una condena de tres años y medio de prisión efectiva, la propuesta podría ser un intento por influir en el sistema judicial a favor del partido.
Reestructuración del sistema de justicia
El proyecto de ley propone absorber todas las instituciones actualmente encargadas de la formación y evaluación de jueces y fiscales, lo que implicaría una reestructuración significativa del sistema de justicia en Perú. Expertos han señalado que esta concentración de responsabilidades en una sola institución podría comprometer la imparcialidad y autonomía del Poder Judicial, afectando su rol como un contrapeso frente al Ejecutivo.
Por otro lado, la creación de esta escuela plantea dudas sobre la capacidad del Ministerio de Justicia para mantener un sistema de formación judicial verdaderamente independiente, en un momento en el que varios actores políticos han expresado su deseo de tener mayor control sobre el aparato judicial.
