Provías Nacional, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), anuló el contrato de asistencia técnica que ejecutaba PMO Vías en la construcción de la nueva Carretera Central, la Vía Expresa Santa Rosa y el puente Santa Rosa, proyectos considerados estratégicos para la conectividad vial y el acceso al nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez.
La decisión ha generado incertidumbre sobre el futuro inmediato de estas obras, debido a que se trata de proyectos de gran envergadura y alto impacto nacional. Sin embargo, Provías Nacional sostuvo que la ejecución continuará según lo programado, descartando que exista una paralización.
De acuerdo con información difundida, Provías Nacional argumentó que tomó esta medida tras verificar que la empresa Egis Avia, integrante del grupo económico EGIS, habría reconocido la comisión de actos de corrupción contra un funcionario público extranjero, en el marco de una Convención Judicial de Interés Público (CJIP). Según lo señalado, estos hechos serían equivalentes a delitos tipificados en el Código Penal peruano, como el cohecho activo transnacional.
Asimismo, Provías Nacional indicó que se habría corroborado que empresas del grupo EGIS fueron sancionadas e inhabilitadas por organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, por prácticas fraudulentas y corruptas en la ejecución de contratos internacionales.
Según la entidad estatal, estos antecedentes representarían un riesgo para el cumplimiento de las obligaciones anticorrupción establecidas en el contrato, lo que motivó la resolución del acuerdo con la empresa encargada de la asistencia técnica.
Sanciones internacionales
En la documentación citada, Provías Nacional sostuvo que los hechos reconocidos por Egis Avia constituirían un “acto prohibido”, conforme a lo pactado contractualmente. Según la entidad, esto se encuentra vinculado a cláusulas anticorrupción contempladas en el contrato, las cuales obligan a garantizar integridad en el manejo y supervisión de proyectos públicos.
Además, Provías señaló que la continuidad del contrato en un contexto de antecedentes por corrupción podría exponer al Estado peruano a riesgos jurídicos y responsabilidades funcionales, razón por la cual se procedió con la anulación del acuerdo de asistencia técnica.
En ese marco, la medida se sustenta, según Provías, en información pública y documentada relacionada a sanciones impuestas por organismos multilaterales, las cuales —según la entidad— evidenciarían prácticas fraudulentas cometidas por empresas del grupo EGIS en contratos anteriores.
El pronunciamiento también señala que dichas sanciones constituirían antecedentes objetivos que pondrían en riesgo la transparencia en el cumplimiento de los compromisos contractuales, especialmente en obras de alta relevancia nacional como la nueva Carretera Central y la vía expresa Santa Rosa.
Se anuló el acuerdo
Tras conocerse la medida, PMO Vías respondió señalando que la decisión del Poder Ejecutivo los tomó por sorpresa. Según su versión, lo que se habría anulado no sería el contrato de asistencia técnica, sino el acuerdo de Gobierno a Gobierno (G2G) que Perú mantenía con Francia.
La empresa sostuvo que la decisión carecería de sustento técnico y jurídico, debido a que se basaría en argumentos no vinculados directamente a sus operaciones en el Perú. Además, afirmó que se estarían tomando como referencia supuestos hechos ocurridos años antes de la firma del acuerdo G2G, en otros países y en proyectos distintos, sobre los cuales —según su postura— no existirían decisiones judiciales ni arbitrales firmes.
