El Colegio de Abogados de Huánuco presentó una denuncia penal contra funcionarios de Provías Nacional por presunto incumplimiento de funciones, debido a la demora en la ejecución de obras en la Carretera Central. Así lo informó el decano del gremio, quien aseguró que, pese a que actualmente se estén realizando trabajos, el posible delito ya se habría configurado.
Colegio de Abogados cuestiona demora y califica de irreversible el presunto delito
“Por más que se ejecute ahora, el delito ya ha sido cometido”, declaró Hernán Cajusol Chepe, decano del Colegio de Abogados de Huánuco, al referirse a lo que considera una omisión previa de responsabilidades por parte de Provías Nacional. Según indicó, la denuncia ha sido admitida y actualmente es evaluada por la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, bajo la responsabilidad de la fiscal Yulisa Ramos Romero.
De acuerdo con el gremio, el caso ha ingresado a una etapa preliminar de investigación de 120 días. En ese tiempo, el Ministerio Público deberá reunir los elementos de convicción necesarios. Sin embargo, Cajusol manifestó que hasta la fecha no se ha fijado un día específico para que la denuncia sea ratificada, lo cual consideró un retraso procesal que afecta el desarrollo oportuno del caso.
Denuncian colapso institucional en fiscalías y falta de recursos para investigar corrupción
El representante del gremio profesional también expresó su preocupación por las limitaciones estructurales que enfrenta la Fiscalía en Huánuco. Según declaró, el sistema presenta serias carencias en personal, logística y capacidades operativas. “Un fiscal anticorrupción debería tener entre 10 y 20 carpetas fiscales. Hoy, cada uno maneja más de 100”, sostuvo Cajusol.
De acuerdo con sus declaraciones, estas condiciones impiden que las investigaciones contra delitos en la administración pública se realicen con la rigurosidad técnica que requieren. Además, advirtió que la escasez de peritos contables, ingenieros y especialistas forenses obliga a remitir peritajes a Lima, retrasando los procesos y generando una percepción de impunidad en la ciudadanía.
El Colegio de Abogados señaló que estas deficiencias no son exclusivas de la región, sino que forman parte de una crisis institucional nacional. Indicó que se han remitido reiterados pedidos formales a la Fiscalía de la Nación solicitando una solución estructural, sin obtener hasta el momento una respuesta efectiva.
Respecto a la visita del jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Antonio Fernández Jeri, Cajusol indicó que el Colegio no fue informado ni convocado a ninguna reunión. A su juicio, estas visitas deben incluir inspecciones a despachos fiscales en provincias y distritos, donde existen —según afirmó— condiciones “calamitosas” que afectan gravemente la administración de justicia.
Dato:
Finalmente, el decano cuestionó la forma en que se prioriza el presupuesto público, señalando que mientras se destinan cuantiosos fondos a programas sociales, sectores críticos como justicia y seguridad ciudadana permanecen desatendidos. En su opinión, esta situación contribuye directamente al incremento de la criminalidad y a la sensación de impunidad.
