Proteger la Infancia 

La niñez representa la esperanza de un futuro mejor, una página en blanco en la historia de nuestra sociedad que tenemos la responsabilidad de proteger y preservar. En Perú, un hito legislativo reciente se alzó como baluarte de esta noble causa: la prohibición del matrimonio infantil, una práctica que ha robado a muchos niños y niñas la inocencia y las oportunidades de un desarrollo pleno y seguro.

La aprobación de esta ley por el Congreso de la República se convierte en un refugio de esperanza, un acto de empatía y reconocimiento del valor intrínseco y de los derechos de la infancia. Por ello, la posición de cualquier figura pública que se oponga a la protección de los menores no solo es incomprensible, sino también merecedora de una sólida desaprobación.

Es motivo de profunda indignación que un congresista, como José María Balcázar, se haya abstenido en un tema tan fundamental. Este acto podría interpretarse como un aval tácito a que continúe una práctica que vulnera los derechos más básicos de los menores, perpetuando ciclos de abuso y marginación. El matrimonio infantil no es solo una violación de la niñez, sino un atentado contra el desarrollo social y la igualdad de oportunidades.

Cuando una autoridad, cuyo deber es servir al pueblo y salvaguardar el bienestar de sus ciudadanos, ignora su obligación moral y legal, debe recibir la reprobación no solo de sus colegas sino de toda la comunidad. La postura de Balcázar no solo desafía la ética y la justicia, sino que también se desvía peligrosamente del consenso global sobre los derechos de los niños y niñas, establecidos en tratados internacionales que nuestro país ha ratificado y prometido honrar.

Nuestros niños y niñas merecen crecer en un ambiente que les ofrezca amor, educación, y sobre todo, protección. Los matrimonios infantiles roban a estos jóvenes la posibilidad de elegir su propio camino, interrumpiendo su educación y exponiéndolos a mayores riesgos de violencia, pobreza y problemas de salud.

Desde esta columna, abogamos por una sociedad que valore a sus menores, que luche por sus derechos y que les proporcione todas las oportunidades para que puedan desarrollarse y prosperar. Cualquier persona, y en particular aquellos en posiciones de poder, que se oponga a este principio básico, debe ser cuestionada y llamada a rendir cuentas.