La muerte de Andrea Vidal, extrabajadora del Congreso de la República, ha desatado una tormenta de acusaciones y una investigación en torno a una presunta red de prostitución operativa dentro del Parlamento. La Comisión de Fiscalización, presidida por el congresista Juan Burgos, ha confirmado que este viernes 20 de diciembre se llevará a cabo una sesión extraordinaria para abordar el caso, que involucra a Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Jurídica y Constitucional del Congreso.
Investigación en Marcha
El congresista Burgos explicó que la Comisión de Fiscalización ya ha solicitado información al área de Recursos Humanos del Congreso para esclarecer las circunstancias que rodean las contrataciones realizadas por Torres Saravia. “Ya hemos pedido información, inclusive, al área de Recursos Humanos del Congreso, y también vamos a presentar una solicitud a la Procuraduría para que tenga que emitir un pronunciamiento y empiece la investigación en el Ministerio Público sobre este caso”, señaló en declaraciones a La República.
Entre las acciones previstas, se incluye citar a Jorge Torres Saravia para que rinda su versión de los hechos. Asimismo, las indagaciones apuntarán hacia Luis Valdez, secretario general de Alianza Para el Progreso, quien habría tenido un papel clave en la contratación de Torres Saravia, pese a que este enfrentaba denuncias previas por violación en Pacasmayo.
“Esto no se da desde la legislación de Eduardo Salhuana, sino desde la época del señor Alejandro Soto. La contratación del exjefe de la Oficina Legal y Constitucional viene desde la época del señor Valdez”, manifestó Burgos, subrayando la continuidad de irregularidades en la estructura parlamentaria.
El Ataque Mortal a Andrea Vidal
El pasado 9 de diciembre, Andrea Vidal fue víctima de un brutal ataque mientras viajaba en un taxi solicitado por aplicativo. Dos sicarios dispararon más de 40 veces contra el vehículo, causando la muerte instantánea del conductor. Vidal resultó gravemente herida y fue trasladada al Hospital 2 de Mayo, donde permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos durante ocho días. Su muerte se confirmó el 17 de diciembre.
Andrea Vidal había trabajado como asesora para Jorge Torres Saravia hasta septiembre de 2024. Según un reportaje del programa Beto a Saber, Torres Saravia estaría implicado en una presunta red de prostitución dentro del Congreso, donde las trabajadoras eran contratadas bajo la apariencia de asesoras o secretarias, pero desempeñaban otras funciones ilícitas.
Contexto del Caso y Responsabilidades Políticas
Las acusaciones contra Jorge Torres Saravia no son nuevas. Según informes periodísticos, el exjefe de la Oficina Jurídica y Constitucional habría utilizado su posición para reclutar mujeres bajo términos cuestionables. En palabras del congresista Burgos, Torres Saravia fue protegido por altas figuras del Parlamento, quienes facilitaron su ingreso pese a su historial de denuncias.
A raíz de la muerte de Vidal y las revelaciones sobre una red ilícita en el Congreso, la Comisión de Fiscalización ha asumido el compromiso de llevar a cabo una investigación exhaustiva, a pesar de que el Parlamento le ha negado facultades investigadoras formales. “Cuando les conviene a algunos miembros del Congreso, nos niegan (las facultades), pero nosotros vamos a indagar y llegar a la verdad”, declaró Burgos.
Implicaciones y Próximos Pasos
La sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización, programada para el viernes 20 de diciembre, será el primer paso en un caso que ya ha generado amplio rechazo por parte de la ciudadanía. Entre los objetivos principales, se encuentran identificar a los responsables detrás de la red criminal y establecer las medidas necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.
Además, el caso pone en evidencia problemas estructurales dentro del Congreso, desde la falta de controles en las contrataciones hasta la protección de funcionarios cuestionados.
Un Caso Que Refleja Una Crisis Institucional
La muerte de Andrea Vidal, combinada con las acusaciones contra Jorge Torres Saravia, resalta la urgencia de una reforma profunda en la gestión del Congreso. Las denuncias de redes ilícitas dentro del Parlamento no solo afectan la credibilidad de la institución, sino que también generan dudas sobre el compromiso del Estado en garantizar un entorno seguro y ético para quienes trabajan en él.
La opinión pública y las organizaciones civiles seguirán de cerca el desarrollo de esta investigación, que promete ser un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción y los abusos de poder en el Perú.
El presente informe, basado en información proporcionada por Alejandra López para La República
