La familia Chávez Lanfranchi, identificada como titular del fundo “Las Pampas de Huánuco Viejo”, salió al frente para rechazar lo que consideran una “serie de falsedades” difundidas por la Comunidad Campesina de Aguamiro. En un pronunciamiento público, indicaron que el Poder Judicial les reconoció el mejor derecho de propiedad sobre más de 1,500 hectáreas en el distrito de La Unión, provincia de Dos de Mayo, en Huánuco.
Según relatan, la disputa legal se remonta al año 2016, cuando Jorge Vicente Chávez Lanfranchi presentó una demanda por mejor derecho de propiedad, reivindicación y cancelación de asiento registral. La Comunidad Campesina de Aguamiro fue declarada en rebeldía al no contestar la demanda ni presentar pruebas, de acuerdo con la resolución judicial citada.
Sentencia reconoce derechos de propiedad
El fallo —según el documento emitido por la familia— declaró fundada la demanda, otorgando a Chávez Lanfranchi la titularidad sobre el fundo “Las Pampas de Huánuco Viejo”, que abarca tres zonas de pasto: Huachag, Quillaycancha y Shiqui Chico. La sentencia también ordena la restitución de un predio adicional denominado “Geshrog” (69 hectáreas) y la cancelación de una partida registral inscrita por la comunidad en 2004.
Asimismo, el juzgado habría observado irregularidades en la resolución suprema de reconocimiento de la comunidad de Aguamiro, especialmente por enmendaduras que suprimían una cláusula clave: aquella que garantizaba que tal reconocimiento no afectaría derechos de terceros.
Cuestionamientos al proceso de la comunidad
En su pronunciamiento, la familia Chávez sostiene que la sentencia refuerza derechos previamente reconocidos en un proceso judicial concluido en 1954 a favor de Vicente Chávez Cortavarría, padre del actual demandante. Dicho caso, según indicaron, fue confirmado en casación en 1960, constituyendo cosa juzgada.
También cuestionan la existencia de un supuesto juicio de 1974 que la comunidad invoca como título legítimo. Afirman que ese expediente no figura en los registros oficiales y que actualmente está siendo investigado penalmente por presunto delito contra la fe pública.
Críticas a la dirigencia comunal y llamado al diálogo
La familia Chávez responsabiliza a sucesivas dirigencias comunales por haber desinformado a los comuneros y no asumir con responsabilidad la defensa legal del caso. Señalan que no respondieron a la demanda y no ofrecieron peritos durante las audiencias, dejando a la comunidad en indefensión.
Finalmente, expresaron su disposición al diálogo con los comuneros de base, a quienes consideran víctimas de una dirigencia que —afirman— actúa con intereses personales. “La justicia ha llegado, y con ella, el respeto al derecho constitucional de propiedad”, concluye el comunicado.
