El ciudadano Wilmer Soria Aquino, residente de esta localidad, denuncia un conflicto relacionado con el alquiler de su vivienda de 300 m², la cual fue alquilada a un efectivo de la Policía Nacional, quien dejó de pagar el arriendo hace más de tres años y se niega a abandonar la propiedad.
Soria Aquino explicó que inicialmente firmaron un contrato formal, aunque privado y no notariado. Durante los primeros dos años, el inquilino cumplió con los pagos de manera regular, pero tras la pandemia dejó de pagar, alegando dificultades económicas. Sin embargo, Soria investigó y descubrió que el inquilino seguía ejerciendo como miembro activo de la Policía Nacional, lo que pone en entredicho sus alegaciones.
El caso fue llevado a la vía judicial, donde en primera instancia el juez falló a favor del propietario. No obstante, el acusado apeló la decisión, y está programada una nueva audiencia.
Abuso de Autoridad y Amenazas
Según el denunciante, el inquilino ha utilizado su posición como policía para intimidarlo, llegando incluso a amenazarlo con dispararle. “Nos dijo: ‘Si quieres, te agarro a balazos’, cuando intentamos dialogar sobre el tema”, relató Soria, quien asegura que esta situación pone en peligro a su familia.
La vivienda alquilada cuenta con tres dormitorios, sala, cocina y patio, un espacio que el denunciante precisa para mejorar las condiciones de vida de su familia, conformada por tres hijos que actualmente residen en un cuarto junto a él. “Le pido a las autoridades que se haga valer el derecho de cada propiedad. Somos una familia humilde y necesitamos este bien para salir adelante”, señaló.
Exhortación a las Autoridades
Soria Aquino hace un llamado al juez encargado para que emita una sentencia justa y definitiva que garantice el respeto a la propiedad privada. Además, pide que se considere el abuso de poder ejercido por el inquilino, quien ha convertido esta disputa en un desafío no solo legal, sino también personal.
Esta situación pone de manifiesto la importancia de garantizar mecanismos legales efectivos y accesibles para que los ciudadanos puedan proteger sus bienes y evitar casos de abuso de autoridad.
