La provincia de Pachitea, conocida como la capital papera del Perú, ha dado un paso que, según autoridades locales, podría marcar el inicio de un despegue económico sostenido. En el distrito de Umari se concretó un contrato con la empresa procesadora Inca Group, que permitirá vender directamente la producción de papa variedad Capiro, eliminando la intervención de intermediarios y comerciantes informales.
De acuerdo con representantes municipales, el acuerdo —suscrito recientemente— establece que hasta el año 2026 se entregarán 200 toneladas métricas de papa, con la posibilidad de incrementar el volumen conforme avance la producción. Este compromiso, afirman, busca garantizar precios justos y una relación comercial formal, beneficiando de manera directa a los agricultores de Umari y sus caseríos.
Según dirigentes del sector agrícola, el contrato abarca no solo a la capital distrital, Tambio, sino también a comunidades productoras de toda la jurisdicción. Inca Group utilizará la papa Capiro como materia prima para su transformación industrial, destinando parte de la producción a mercados externos.
Productores locales señalan que este modelo de compra directa representa un avance significativo frente a la venta informal, que durante años redujo sus ingresos. La erradicación de intermediarios —resaltan— también se alinea con los registros oficiales del Ministerio de Agricultura, fortaleciendo la trazabilidad de la cadena productiva.
Fuentes del Gobierno Regional indicaron que, como complemento a este contrato, se prevé ejecutar mejoras en la carretera que conecta a Pachitea con otras provincias, obra a cargo de Provías. La iniciativa busca optimizar el transporte de las cosechas, reducir tiempos y costos logísticos, y ampliar las oportunidades de comercialización.
Se estima que la producción anual de la provincia podría alcanzar las 700 toneladas métricas, consolidando a Pachitea como un proveedor confiable para la industria procesadora. De acuerdo con especialistas agrarios, contar con un mercado asegurado incentivará la inversión en tecnología agrícola y mejorará la calidad del producto.
El reto, coinciden autoridades y productores, será sostener la calidad y el abastecimiento durante la vigencia del contrato. También se plantea la necesidad de capacitar a los agricultores en prácticas de manejo postcosecha, a fin de garantizar que el producto cumpla con los estándares industriales.
En palabras de los dirigentes, esta alianza podría ser el punto de partida para que la provincia fortalezca su identidad agrícola y genere un modelo replicable en otras zonas productoras del país.
