La procuradora pública anticorrupción, Krupskaia Beraún Aguirre, informó que fue elegida como nueva coordinadora de la Comisión Regional Anticorrupción (CRA) de Huánuco y que asumirá el cargo durante el 2026, tras prestar juramento. Según sus declaraciones, su gestión buscará dar continuidad a las acciones que la comisión venía desarrollando, con énfasis en la prevención y la sensibilización frente a hechos de corrupción en la región.
Beraún señaló que asume la responsabilidad “con mucho compromiso” para sostener el trabajo articulado entre instituciones. De acuerdo con su explicación, la CRA funciona como un espacio interinstitucional integrado por entidades como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública, la Policía Nacional y representantes de la sociedad civil, entre ellos organizaciones religiosas. En esa línea, precisó que el rol de la comisión es principalmente preventivo y sensibilizador, orientado a reducir riesgos de corrupción a través de formación y difusión de valores.
La procuradora sostuvo que la elección de la presidencia de la CRA se realiza cada año mediante votación de los miembros plenos que la integran. Indicó también que el trabajo del 2026 incluirá una planificación anual con actividades ya previstas, como capacitaciones, charlas y ferias informativas, con el objetivo de llegar a funcionarios públicos y a la ciudadanía.
Auditorías y casos fiscales
En otro momento de sus declaraciones, Beraún se refirió a dos casos vinculados a maquinarias y volquetes y aseguró que ambos ya cuentan con denuncia y se encuentran en investigación fiscal. Sobre el caso de maquinarias, indicó que la denuncia fue presentada por la Procuraduría y que el proceso ya está formalizado, aunque añadió que aún se esperan actuaciones posteriores dentro del trámite.
Respecto al papel de las auditorías, la procuradora manifestó que los informes emitidos pueden constituir un elemento de prueba “como una pericia”, pero remarcó que, desde la Procuraduría, también elaboran y presentan una pericia de parte. Según explicó, ello responde a su función de defensa del Estado como parte agraviada, especialmente para acreditar y sustentar el perjuicio económico.
Beraún afirmó que su despacho viene coordinando con el Ministerio Público y con la Contraloría, y que paralelamente se trabaja en un informe pericial propio. En su planteamiento, ese documento busca aportar elementos técnicos para establecer la magnitud de un eventual daño patrimonial.
Ante consultas sobre posibles medidas restrictivas contra autoridades comprendidas en auditorías o investigaciones, Beraún sostuvo que esa evaluación corresponde al Ministerio Público y que es Fiscalía quien determina si solicita o no determinadas medidas dentro del proceso penal.
Funcionarios investigados
Consultada sobre qué sería “ético” respecto a funcionarios involucrados en investigaciones —si deberían seguir o no en funciones—, Beraún evitó emitir una recomendación directa y recordó que, en el ámbito penal, rige el principio de que toda persona es inocente hasta que exista una sentencia. En esa línea, reiteró que los procesos señalados aún están en curso.
Sobre las auditorías y eventuales consecuencias administrativas, señaló que, según su explicación, la Contraloría notifica a la entidad, y que corresponde a la institución aplicar, si fuera el caso, las acciones administrativas que resulten pertinentes. No obstante, volvió a subrayar que las decisiones de carácter penal (penas, restricciones u otras medidas) se tramitan en el marco de la investigación fiscal y judicial.
En el plano institucional, Beraún mencionó que anteriormente se logró la conformación de un quinto despacho de fiscalía anticorrupción, aunque precisó que luego no continuó “por evaluaciones”. Según indicó, se podría volver a gestionar su implementación, sustentándola en estadísticas y carga de casos.
Finalmente, la procuradora reconoció que existe una demanda para descentralizar acciones y presencia anticorrupción en provincias como Tingo María, Ambo y La Unión, y sostuvo que se busca retomar ese objetivo durante el 2026, debido a que en periodos previos “el tiempo quedó corto” para cumplirlo.
