- Pidió que magistrada reprograme día y hora del nuevo desalojo en la zona El Totoral
- Resaltó que no existieron razones técnicas para que se suspenda y aplace desalojo
Juan Carlos Nolorve Rojas, procurador regional, anunció que el terreno de más de 3 hectáreas que se va a desalojar en la zona El Totoral, en el humedal de Huachog (Colpa Baja), ya se encontraba delimitado.
“Hemos cumplido con el procedimiento, ya se cumplió con todos los trámites, ahora lo único que nos queda es que la juez señale una fecha del segundo desalojo, día y hora”, indicó.
En ese sentido, el procurador regional afirmó que el Gorehco nunca estuvo conforme con la disposición de la magistrada civil Juana Cercedo.
Resaltó que no hay razones técnicas para que se continúe aplazando el desalojo de más de 200 posesionarios que se encuentran invadiendo dicha zona desde el 2015.
“Para la Procuraduría Pública, no hay nada que verificar, porque todo está delimitado para nosotros, existe una sentencia en el cual ya se ha establecido también el perímetro, entonces no hay nada que podemos discutir en ese tema”, indicó.
Como se sabe, en mayo pasado, se suspendió el desalojo del autollamada asentamiento humano “El Tototal”, ya que el Segundo Juzgado Civil de Huánuco determinó que faltaba una delimitación del terreno por desalojar.
En vista de esto, el magistrado a cargo, Juana Cercedo, ordenó a la Dirección Regional de Agricultura del Gorehco dio un plazo de 15 días para que realice los estudios topográficos.
Cuyos estudios fueron efectuados y entregados al juzgado civil de Huánuco para que proceda con la reprogramación del segundo desalojo.
Trámites imprevistos
“Eso ya se discutió años atrás, ya existe una sentencia consentida, ahora estamos en la época de ejecución del lanzamiento, pero ha habido trámites imprevistos, que no debieron haberse generado, pero han sido tema del juez que ha ordenado la suspensión”, recalcó Nolorve.
Hay que recalcar que trascendió que posibles pedidos de los invasores de El Totoral habrían calado en la magistrada que terminó suspendiendo el desalojo programado para el 24 de mayo.
“La Procuraduría Regional defiende los intereses del estado, más allá no tiene responsabilidades y posibilidades de acciones administrativas, por eso nosotros vamos siempre a pedir que la jueza actúe en ese sentido”, indicó Nolorve.
Cabe precisar que las fuerzas del orden y el juzgado civil procedieron con el derrumbe de tres viviendas de un total de 250, sin embargo, en el proceso, la jueza observó que aparentemente no existía una demarcación territorial.
EL DATO
En el desalojo, del 24 de mayo, Ángel Lazo, abogado de los invasores, alegó que en el mandato judicial ordenaba desalojar a los posesionarios y no derrumbar las viviendas. Asimismo, exigió la presencia de los representantes de ambas partes del proceso.
