Óscar Ugarte, ministro de Salud, adelantó que el sector privado podría comprar, distribuir y comercializar vacunas contra el COVID-19 a condición de que el precio de venta de las mismas no sea mayor al que ofrece el sector público. En este sentido, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) manifestó su preocupación.
Según la agrupación, si bien esta propuesta ’’parece algo fácil, no lo es para nada’’, dado que el Estado tendría que fijar un precio tope a las vacunas que eventualmente comercializaría el sector privado. No obstante, aquí nacerían las dudas.
‘‘Para empezar, si las vacunas que brinda el Estado actualmente son gratuitas, ¿Cuál sería entonces ese precio tope que deberían respetar? ¿Cómo se fijaría? Ello sin contar de que el Estado pueda terminar denunciado por establecer precios controlados’’, argumenta Crisólogo Cáceres, presidente de Aspec.
Otro punto a cuestionar es que se podría generar un mercado negro de vacunas, según Cáceres.
El especialista agrega que el Estado ha demostrado en las últimas semanas que no tiene capacidad para fiscalizar debidamente el ingreso y distribución de vacunas.
‘‘Si las puertas se abren de par en par, el remedio podría ser peor que la enfermedad y, eventualmente, se podría llegar a la situación extrema de que únicamente quien tiene dinero se vacunaría y quien no lo tiene quedaría al margen’’, acota.
Finalmente, Cáceres señaló que ni en los países más desarrollados, con mejores sistemas de control, se ha privatizado la vacunación como estima el titular del Minsa hacer en nuestro país; por lo que lo más adecuado sería que se mejore y continúe con el Programa Nacional de Vacunación.
Lea También:
Congreso aprueba crear comisión investigadora en caso de vacunas
