Desde el jueves 25 de diciembre cumplen prisión preventiva André Iván Vásquez Neyra y Kennedy Gerson Aliaga Ugaz, investigados por el presunto delito contra la salud pública en la modalidad de favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas mediante actos de tráfico. La medida se dictó tras una audiencia virtual realizada el 23 de diciembre, en la que el Ministerio Público sustentó el pedido de encarcelamiento preventivo para cuatro personas intervenidas en un operativo ejecutado en la zona de Chullqui, distrito de Churubamba.
Según la tesis fiscal, la intervención ocurrió el 13 de diciembre, luego de que agentes antidrogas recibieran información confidencial sobre el presunto traslado de droga con destino a Lima. En ese contexto, se realizaron acciones de seguimiento en la vía y se procedió a la intervención de dos vehículos que se desplazaban por el sector.
De acuerdo con el fiscal antidrogas Eler Rojas Mas, primero fue intervenida una unidad donde se trasladaba la familia de Kennedy Aliaga, y posteriormente un automóvil conducido por André Vásquez. En este último vehículo se hallaron 29 paquetes de presunta droga, con un peso aproximado de 28.915 kilogramos, ocultos en compartimentos acondicionados para el camuflaje de la ilegal mercadería.
Aunque el cargamento fue encontrado en el automóvil que manejaba Vásquez, el Ministerio Público y la Policía sostienen que Kennedy Aliaga y algunos de sus familiares habrían tenido participación en la logística del traslado, hipótesis que forma parte de la investigación en curso. Sin embargo, la jueza del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Pillco Marca declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva contra Olga Ugaz y Neil Aliaga, madre y hermano de Kennedy, respectivamente, por considerar que no se cumplían los presupuestos necesarios para imponer la medida en su contra.
Kennedy Aliaga (33) es natural del distrito de José Crespo y Castillo, mientras que André Vásquez (28) es natural de Tingo María, ambos de la provincia de Leoncio Prado.
El caso continúa en investigación y, conforme a ley, los implicados mantienen su derecho a la presunción de inocencia hasta que una sentencia firme determine responsabilidades.
