Según declaraciones de Ronald Acuña, gerente general del Gobierno Regional, durante una reunión con el Consejo de Coordinación Regional, la mayoría de los proyectos priorizados por diferentes alcaldes provinciales no se encuentran en condiciones de ser ejecutados debido a restricciones normativas y técnicas. Acuña detalló que el presupuesto participativo está limitado por una normativa que define hasta dónde se puede asignar financiamiento, sin que ello signifique que sean los únicos proyectos contemplados para inversión.
Falta de permisos y desactualización de perfiles obstaculizan ejecución
De acuerdo con Acuña, muchos proyectos catalogados como “viables” aún no cumplen con todos los requisitos necesarios para su ejecución, como informes técnicos adicionales y disponibilidad de recursos hídricos, lo que ha sido un obstáculo frecuente, especialmente en proyectos de canales de riego. “No puedo asignar recursos a proyectos que no tienen los permisos todavía”, afirmó el funcionario.
Ante la crítica de algunos alcaldes, como el de Huacaybamba, quien expresó sentirse engañado por el proceso, Acuña respondió que el sistema se rige por normas que deben cumplirse, y subrayó que los representantes provinciales participan en la coordinación regional para evaluar las necesidades de toda la región, no solo de sus jurisdicciones individuales.
Reformas urgentes
El gerente regional reconoció que el presupuesto participativo necesita ser actualizado para que se prioricen proyectos que ya cuenten con todos los permisos y estudios listos para su ejecución. Según precisó, se han asignado aproximadamente 20 millones de soles a obras que cumplen con estos requisitos, pero la mayoría de propuestas aún se encuentran en fases preliminares o presentan documentación desactualizada.
Acuña llamó a una revisión de la normativa para hacer más eficaz el proceso de selección y ejecución de proyectos, y sugirió que solo se prioricen aquellos técnicamente viables y con la documentación en regla. El mensaje, aunque técnico, deja entrever una falta de planificación estructural en el diseño y seguimiento del presupuesto participativo, que sigue sin responder a las necesidades reales y urgentes de los gobiernos locales.
