El caso de Teresa Huaranga Hermitaño, madre de diez hijos, presuntamente asesinada por su conviviente Macario Salcedo Cornelio en la comunidad de Antijirca, distrito de Churubamba, Huánuco, ha generado una profunda indignación en la sociedad peruana. El crimen, ocurrido mientras la víctima dormía, fue descubierto por una de sus hijas, quien encontró el cuerpo con severas lesiones en la cabeza y rostro, cubierto con una frazada.
Tras el hallazgo, Salcedo Cornelio huyó, pero fue capturado por pobladores de Antijirca, quienes, indignados por el crimen, lo entregaron a las autoridades. Sin embargo, la situación legal del detenido es incierta debido a posibles demoras en el proceso judicial. El Defensor del Pueblo de Huánuco, Marco Durand Rocca, criticó la actuación del Ministerio Público, señalando que, por la demora en las diligencias, el presunto asesino podría quedar en libertad.
La preocupación radica en que, al haber transcurrido varios días desde el crimen, el periodo de flagrancia habría expirado, lo que complica la detención sin una orden judicial. La Ley N° 30364, que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, establece procedimientos específicos para estos casos. No obstante, la aplicación efectiva de la ley depende de la celeridad y diligencia de las autoridades competentes.
Este caso pone de relieve las deficiencias en el sistema de justicia peruano, especialmente en la protección de las víctimas de violencia de género. La posibilidad de que el presunto feminicida quede en libertad debido a procedimientos burocráticos y demoras judiciales es una muestra de la necesidad urgente de reformas que garanticen una respuesta rápida y efectiva ante estos crímenes.
La comunidad y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres exigen justicia para Teresa Huaranga Hermitaño y que se tomen medidas para evitar que situaciones similares se repitan. Es imperativo que las autoridades actúen con diligencia y responsabilidad para asegurar que los responsables de actos de violencia de género enfrenten las consecuencias legales correspondientes y que las víctimas y sus familias reciban el apoyo y protección necesarios.
Este lamentable suceso subraya la urgencia de fortalecer las instituciones encargadas de prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, así como de implementar políticas públicas efectivas que promuevan una cultura de respeto e igualdad de género en el país.
