En un esfuerzo por fortalecer la seguridad ciudadana y luchar contra las redes criminales que operan bajo la fachada de préstamos informales, el Congreso del Perú aprobó recientemente una modificación al Código Penal para incluir los préstamos ‘gota a gota’ como delito de extorsión. Según un informe de la periodista Mariana Quilca Catacora para Infobae, la iniciativa fue aprobada en el pleno con una mayoría significativa de 105 votos y, para acelerar su aplicación, fue exonerada de una segunda votación.
Modificación del Código Penal y su Alcance
La propuesta legislativa, que ha generado un amplio consenso entre los congresistas, introduce un cambio en el artículo 200 del Código Penal. Este establece ahora penas de entre 15 y 25 años de cárcel para quienes, mediante violencia, amenazas o intimidación, exijan o coaccionen a una persona o institución a conceder beneficios económicos indebidos. El texto también especifica sanciones para aquellos que induzcan a otros, a través de contratos simulados o engaños, a aceptar préstamos que terminan en condiciones abusivas. La medida se centra en erradicar los préstamos ‘gota a gota’, una modalidad que representa un peligro creciente en el país, pues detrás de estos préstamos se ocultan redes criminales organizadas que recurren a la violencia y la coerción para asegurarse el pago de sus “clientes”.
La congresista Patricia Juárez, quien propuso uno de los proyectos base de esta iniciativa, destacó la importancia de esta reforma legal, enfatizando que las autoridades ahora contarán con un marco jurídico para procesar y sancionar a quienes participen en estos esquemas de usura extorsiva. “A raíz de la creciente preocupación por este fenómeno, nos reunimos con altos mandos de la Policía Nacional y expertos en seguridad. Durante estos encuentros, se nos informó que, aunque las autoridades ya habían detectado el auge de este tipo de delitos, no existía un marco normativo adecuado para penalizar eficazmente la usura y la extorsión derivadas de estos préstamos informales”, señaló Juárez, en referencia a la necesidad urgente de tipificar este delito y proteger a las víctimas de estos prestamistas abusivos.
Impacto del ‘Gota a Gota’ en la Economía Informal
En Perú, el fenómeno del ‘gota a gota’ ha alcanzado una expansión alarmante. Según el presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, Jorge Solis, esta modalidad de préstamo ilegal afecta actualmente a un millón de familias en todo el país y representa una inyección de 4 mil millones de soles en el mercado informal. En una entrevista con RPP, Solis advirtió que esta práctica no solo ha sobrepasado a algunas entidades financieras medianas, sino que también desafía a los bancos tradicionales en algunas áreas del país, especialmente en las periferias de Lima Norte, donde la inseguridad y la criminalidad están en su punto álgido.
La expansión del ‘gota a gota’ no solo afecta a los prestatarios con altos intereses, sino que también limita las opciones laborales y económicas de las personas. Los prestamistas imponen condiciones estrictas y hasta restrictivas, afectando a comunidades enteras que, ante la falta de acceso a financiamiento formal, ven en estos préstamos su única alternativa para solventar necesidades inmediatas. Para las autoridades, el desafío no solo es prevenir el delito, sino también ofrecer alternativas de crédito accesibles que puedan suplir la demanda en estas zonas vulnerables.
La Criminalidad Detrás del ‘Gota a Gota’
El préstamo ‘gota a gota’ no es solo una práctica de usura, sino un método sofisticado de extorsión y control social ejercido por bandas criminales. El presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita Alanoca, destacó durante el debate legislativo que esta modalidad no afecta únicamente a los prestatarios. “La norma proporcionará protección legal a la población vulnerable, como amas de casa, estudiantes y pequeños comerciantes, que suelen ser las principales víctimas de estos préstamos abusivos”, explicó Mita, haciendo hincapié en que las víctimas son individuos y familias que, debido a la falta de crédito formal, se ven forzados a aceptar condiciones desfavorables y sometidos a prácticas intimidatorias por los prestamistas.
Los créditos ‘gota a gota’, que operan sin regulación alguna, permiten a las redes delictivas controlar áreas de comercio y dominan el flujo de efectivo en las zonas donde operan, lo cual representa una amenaza para la economía formal y para el Estado de derecho. Mita agregó que el establecimiento de penas ejemplares para estos prestamistas no solo tiene el potencial de reducir el número de víctimas, sino que también podría llevar a una eventual desarticulación de estas redes, dado que muchos prestamistas actúan bajo la protección de organizaciones criminales bien estructuradas. “Al perseguir penalmente a quienes están detrás de estas prácticas, se podría desarticular las organizaciones criminales que operan detrás de los préstamos extorsivos, lo que ayudaría a reducir la incidencia de este tipo de delitos en la sociedad”, manifestó Mita.
El Rol del Congreso y los Desafíos de la Implementación
Para la congresista Patricia Juárez y otros legisladores, esta reforma representa un paso hacia el fortalecimiento del Estado de derecho en el Perú, en un contexto donde la criminalidad ha tomado control de amplias zonas urbanas y rurales. Sin embargo, las limitaciones en el control territorial, así como la falta de recursos para hacer frente a estos grupos delictivos, representan un reto importante. Las autoridades enfrentan el desafío de implementar efectivamente esta norma y garantizar que los sistemas de justicia y seguridad pública tengan los medios para procesar y detener a los responsables.
Juárez mencionó que la ley no solo debe servir como una herramienta de castigo, sino como un elemento disuasivo para aquellos que consideran ingresar en el negocio de los préstamos abusivos. La implementación de esta ley podría traducirse en un nuevo frente de batalla contra la criminalidad y mejorar las condiciones para que las instituciones financieras formales puedan llegar a los sectores desatendidos.
La Respuesta del Gobierno y la Colaboración Interinstitucional
El impacto de los préstamos ‘gota a gota’ también ha obligado al gobierno a establecer una mayor cooperación entre las instituciones. Esta nueva norma es el primer paso en un plan integral para combatir el delito financiero, que incluye el refuerzo de la Policía Nacional y el establecimiento de estrategias conjuntas con las municipalidades y organismos de supervisión financiera. Durante las próximas semanas, se espera que se implementen campañas de sensibilización sobre los peligros de estos préstamos informales y se ofrezcan alternativas de financiamiento a través de programas estatales y municipales.
Además, la tipificación de estos delitos podría sentar un precedente para que otros países latinoamericanos adopten legislaciones similares, dado que el ‘gota a gota’ es una modalidad común en toda la región, promovida por organizaciones criminales que operan a nivel internacional. El Gobierno peruano ya ha comenzado a dialogar con representantes de Colombia y México, países donde esta práctica también ha sido detectada, con el fin de establecer acuerdos de cooperación en la lucha contra la extorsión financiera.
Un Nuevo Paso en la Lucha Contra el Crimen
La reciente decisión del Congreso de incluir el ‘gota a gota’ como delito de extorsión refuerza el compromiso de las autoridades peruanas para erradicar esta práctica ilegal, que afecta no solo la economía formal, sino también la seguridad y el bienestar de millones de peruanos. La colaboración entre el Congreso, el Ejecutivo y las autoridades judiciales será crucial para asegurar que la aplicación de esta norma sea eficaz y que se garantice la protección de los ciudadanos más vulnerables frente a las redes de extorsión y violencia.
La aprobación de esta norma representa una victoria en la lucha contra el crimen organizado y abre la puerta a nuevas políticas que prioricen la seguridad financiera de los ciudadanos. La congresista Juárez concluyó que esta medida será solo el inicio de una serie de reformas para fortalecer el sistema judicial y garantizar que los prestamistas ilegales ya no tengan lugar en la economía peruana.
