En Colombia, la Fiscalía General ha lanzado una investigación urgente tras las denuncias de espionaje contra varios magistrados de la Corte Constitucional, reveladas por medios locales y confirmadas por los afectados. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, anunció medidas inmediatas para esclarecer las acusaciones de interceptaciones telefónicas y seguimientos, que han generado una significativa alarma en el ámbito judicial y político del país.
El presidente Gustavo Petro, respondiendo a las tensiones crecientes, afirmó en la red social X que su administración no participa en las prácticas de espionaje que marcaron gestiones anteriores. “Desde el primer día, la directriz ha sido clara: la inteligencia debe enfocarse en combatir el gran crimen y no en vigilar a la oposición, prensa o instituciones judiciales”, declaró Petro, intentando distanciar su gobierno de cualquier implicación en los hechos denunciados.
El caso se destapó inicialmente por un reportaje del diario El Tiempo, que sugirió que magistrados de la Corte estaban siendo objeto de escuchas ilegales. Posteriormente, la revista Semana amplió la información, detallando que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez había reportado persecuciones y monitoreo intensivo hacia él y su familia debido a su labor judicial.
Esta situación ha puesto en evidencia la necesidad de una revisión profunda de las prácticas de las agencias de inteligencia en Colombia, así como de garantizar la independencia y seguridad de sus funcionarios judiciales frente a posibles abusos de poder y violaciones a la privacidad.
