El presidente del Poder Judicial del Perú, Javier Arévalo, ha respondido al mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) referente a la polémica ley que limita la aplicación de crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 2002. La norma, que fue aprobada recientemente en la Comisión Permanente del Congreso, ha generado preocupación y rechazo por parte de organismos internacionales y grupos de derechos humanos.
Arévalo aclaró en una conferencia de prensa que la Corte IDH no tiene autoridad para ordenar al Poder Judicial interferir en el proceso legislativo peruano. “Lo que no puede hacer la Corte IDH es ordenarle al Poder Judicial que intervenga en impedir que se promulgue una ley”, señaló Arévalo, destacando la independencia judicial en la interpretación y aplicación de las leyes.
La polémica surge de una iniciativa liderada por Fuerza Popular que sugiere que los principios del Estatuto de Roma y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra sólo se aplicaron en Perú a partir del 2002, beneficiando indirectamente a figuras como el exdictador Alberto Fujimori.
El presidente del PJ enfatizó la autonomía de cada juez para decidir sobre la aplicación de la norma en casos individuales y mencionó que cualquier juez que estime que la ley contraviene la Constitución puede aplicar el control difuso para no usarla. Además, recordó que los afectados pueden impugnar la constitucionalidad de la ley ante el Tribunal Constitucional.
La Corte IDH había emitido una resolución el 1 de julio, instando al Perú a tomar medidas para garantizar los derechos de acceso a la justicia para las víctimas de crímenes de lesa humanidad.
