El presidente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, Alberto Berger Vigueras, expresó su desacuerdo con el enfoque de algunas medidas anunciadas a nivel nacional en el marco de la lucha contra el crimen organizado. Según declaró, “no se trata de eliminar instituciones o cambiarles el nombre”, sino de impulsar una reforma integral que atienda las causas estructurales de la corrupción y la inseguridad.
En su intervención, Berger sostuvo que las reformas radicales o la emisión de nuevas normas no garantizan por sí solas la erradicación de la corrupción. De acuerdo con su posición, la ciudadanía suele percibir que “se cambian instituciones” pero los problemas persisten, porque —según remarcó— no se estaría atacando la raíz del problema.
El magistrado insistió en que el cambio más importante debe darse en la sociedad, afirmando que es necesario concientizar y formar desde edades tempranas una cultura de rechazo a los actos ilícitos.
Alberto Berger Vigueras afirmó que la lucha contra la corrupción requiere un cambio cultural sostenido. En ese sentido, declaró que se debe enseñar a niños y adolescentes que el acto de corrupción debe ser condenado y que es posible vivir en una sociedad sin prácticas ilegales. Según indicó, cuando la sociedad se levanta, rechaza y no participa en el acto corrupto, se produce un cambio de fondo.
El titular de la Corte señaló que, pese a la emisión de leyes a lo largo de los años, se siguen observando irregularidades, lo que —desde su perspectiva— evidencia que el problema no se resuelve únicamente con modificaciones normativas. Reiteró que una reforma integral debe considerar medidas estructurales y, especialmente, el componente educativo como base de prevención.
En relación con la seguridad ciudadana, Berger Vigueras explicó que el Poder Judicial cumple un rol fundamental al procesar y sancionar a los infractores de la ley. Sin embargo, sostuvo que la seguridad del ciudadano en términos de prevención y control corresponde al Gobierno nacional y a los gobiernos locales y regionales, que deben implementar acciones como servicios de serenazgo u otras medidas, de acuerdo con su declaración.
Asimismo, señaló que existen regiones del país donde la delincuencia tiene mayor presencia y que, aunque —según dijo— “en Huánuco no existe” con el mismo nivel, consideró que no se debe esperar a que se instale y que se deben adoptar acciones preventivas.
Consultado por cifras de procesos anticorrupción, Berger indicó que no contaba en ese momento con estadísticas específicas, pero que la información podría solicitarse a la Oficina de Estadística de la Corte, precisando que sí existen procesos y un juzgado anticorrupción en funcionamiento.
El presidente de la Corte destacó la unidad de flagrancia como una medida orientada a enfrentar la criminalidad mediante un trabajo articulado entre Policía, Ministerio Público y Poder Judicial. Según señaló, la unidad de flagrancia no acabará con la delincuencia, pero sí podría atenuarla y transmitir un mensaje de coordinación institucional.
Berger informó que en Huánuco ya se implementó hace algunos meses una unidad piloto en la sede de Pillco Marca, con recursos limitados, señalando que esperan convertirse en “modelo” el próximo año. De acuerdo con su explicación, alcanzar esa condición permitiría acceder a recursos para locales propios e instalaciones adecuadas.
