Fredy Castro González, presidente de la asociación Killa Rumi, denunció públicamente a la Cooperativa de Vivienda Juan Velasco Alvarado por presunta ocupación y venta ilegal de terrenos destinados a áreas verdes en una zona considerada de alto riesgo en el distrito de Pillco Marca, Huánuco. En declaraciones recogidas por este medio, el dirigente instó a la fiscal Rocío Castro, de la Fiscalía de Prevención del Delito, a tomar acciones inmediatas frente a la situación.
Castro señaló que, pese a haber presentado denuncias formales ante la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, no ha recibido respuesta efectiva. Según relató, el terreno en disputa se ubica en una quebrada ancestral que habría sido rellenada y lotizada por miembros de la cooperativa, con el aparente objetivo de comercializar predios, afectando además el paso de futuras obras de agua y desagüe en beneficio de más de 200 familias.
Restricciones en el acceso y riesgo para obras de saneamiento
De acuerdo con el dirigente, los trabajos de loteo incluyen la instalación de columnas de cemento que bloquean el acceso a residentes de zonas altas del sector. “Es la única vía prevista para el tendido de desagüe del proyecto de mejoramiento de agua y alcantarillado promovido por el Ministerio de Vivienda”, precisó. Castro aseguró que las obras de la cooperativa podrían poner en riesgo la viabilidad del proyecto anunciado, que beneficiaría a familias de Pillco Marca, Santa María del Valle, Amarilis y Huánuco.
Durante la entrevista, el dirigente también hizo referencia a antecedentes de conflictos similares, como los ocurridos en la quebrada del Águila, donde afirmó haber frenado intentos de venta irregular de predios. “Defender el ordenamiento territorial me ha costado amenazas”, sostuvo.
Asimismo, mencionó a los presuntos responsables de la venta de terrenos: directivos de la cooperativa Juan Velasco Alvarado, identificando entre ellos a Ana Paredes, Reyda Villar de la Mata y un expresidente cuya identidad no recordó.
Finalmente, Castro solicitó que se convoque una mesa de diálogo entre la alcaldesa, el Gobierno Regional, COFOPRI y representantes del Congreso, asegurando contar con el respaldo de la parlamentaria Elizabeth Medina. “No queremos que esto termine en enfrentamientos. Pedimos solución antes de que haya consecuencias mayores”, declaró.
Dato:
Castro solicitó garantías personales para él y su familia, y señaló directamente a la alcaldesa de Pillco Marca por no actuar frente a lo que considera una situación crítica. Según indicó, funcionarios municipales le habrían comunicado que no pueden intervenir hasta que los terrenos estén saneados legalmente, pese a que –dijo– una reciente ley (32267) reconoce derechos de titulación a asociaciones posesionadas antes del 31 de diciembre de 2021.
