El presidente del Asentamiento Humano Ludipro se presentó en la Municipalidad Provincial de Huánuco acompañado por un grupo de vecinos para rechazar públicamente acusaciones difundidas en redes sociales, donde —según afirmó— se le sindica como presunto traficante de terrenos. El dirigente sostuvo que desde hace aproximadamente quince días viene siendo objeto de publicaciones que cuestionan su gestión y su legitimidad como autoridad comunal.
“Yo, como presidente, a nadie le he pedido ni un sol, a nadie le he vendido un terreno”, declaró ante la prensa, negando categóricamente haber realizado cobros o ventas irregulares. Indicó que decidió acudir con la población para demostrar respaldo y exigir que cesen lo que calificó como ataques infundados.
El representante aseguró que el asentamiento humano cuenta con reconocimiento por parte de la actual gestión municipal y que él dispone de credencial como autoridad. En esa línea, defendió la actuación del municipio al reconocer al asentamiento, señalando que —según su versión— no se habría afectado derechos de terceros.
Asimismo, explicó que, de acuerdo con documentos que obran en su expediente, el área donde se ubica Ludipro figura dentro de un denuncio minero. No obstante, precisó que dicho registro correspondería al subsuelo y no al suelo superficial ocupado por los pobladores, interpretación que —según dijo— sustenta la legitimidad de la posesión actual.
Familia vinculada a regidora
Durante su intervención, el dirigente señaló directamente a la familia de la regidora Ivette Cisneros como parte del conflicto. Según afirmó, integrantes de dicha familia habrían intervenido anteriormente en el asentamiento y generado controversias vinculadas a supuestas ventas de terrenos y anuncios de desalojo.
El presidente de Ludipro sostuvo que existirían grabaciones y pruebas de presuntas amenazas a vecinos, aunque no presentó públicamente dichos elementos durante su declaración. También indicó que en el pasado se habrían solicitado “colaboraciones” económicas a pobladores bajo presión, lo que —según su versión— motivó la organización formal del asentamiento.
En otro momento, expresó cuestionamientos hacia el Poder Judicial y el Ministerio Público, señalando que no se habría evaluado correctamente la documentación relacionada con la propiedad en disputa. Hizo referencia a una orden de lanzamiento programada, preguntando públicamente qué fundamentos habrían sido considerados para dicha decisión.
El dirigente aseguró que el asentamiento Ludipro no estaría dentro del área específica sometida a proceso judicial relacionada con el denominado Fundo María Teresa o con la familia Verástegui, afirmando que su comunidad se encuentra fuera del ámbito judicializado. Estas afirmaciones corresponden exclusivamente a lo manifestado por el entrevistado.
Documentación adicional
Consultado sobre la respuesta de la municipalidad ante esta controversia, el presidente indicó que la comuna habría solicitado a la parte que reclama propiedad que presente título inscrito, plano registrado y ubicación exacta del terreno. Según señaló, mientras no se acrediten dichos documentos, el asentamiento continuaría reconocido.
El dirigente reiteró que su presencia en la municipalidad tuvo como objetivo realizar descargos formales y desmentir rumores difundidos en plataformas digitales. “Vine a dar la cara con todo mi pueblo”, afirmó, subrayando que no ha quitado terrenos ni ha realizado actos irregulares.
También reconoció que existen opiniones diversas dentro de la comunidad, pero sostuvo que la mayoría de la población respalda su gestión. “La población está conmigo”, manifestó.
