La presidenta peruana, Dina Boluarte, está inmersa en un proceso judicial contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), exigiendo el pago de casi medio millón de soles por diversos conceptos laborales y sindicales. Este proceso, iniciado en 2020 cuando Boluarte era jefa regional en Lima, se ha mantenido a pesar de su ascenso a la vicepresidencia y posteriormente a la presidencia de la República.
El programa Panorama reveló que Boluarte, en su demanda, solicita compensaciones por bonificación, uniforme y canasta navideña, así como por el uso del servicio de taxi durante sus años como funcionaria de Reniec. En una audiencia de conciliación realizada en noviembre de 2021, Boluarte rechazó un acuerdo con Reniec, insistiendo en el pago total de los conceptos reclamados.
Un fallo judicial en primera instancia, emitido en diciembre de 2021, favoreció a Boluarte con una compensación de 290 mil soles por vacaciones no gozadas e indemnización vacacional. Además, se ordenó un pago adicional de 60 mil soles por Compensación de Tiempo de Servicio (CTS) y 84 mil soles por beneficios sindicales, a pesar de que Boluarte no era sindicalista formal en aquellos años.
El proceso ha generado controversia, especialmente considerando el cargo actual de Boluarte como presidenta de la nación. Expertos en derecho laboral han cuestionado la validez de algunas de las demandas, calificándolas de “artificiosas” y “irreales”.
El primer ministro Alberto Otárola y el ministro de Justicia, Eduardo Arana, han defendido la acción legal de Boluarte, enfatizando su derecho a defender sus intereses laborales. Mientras tanto, la Procuraduría Pública de Reniec ha apelado las decisiones judiciales, argumentando que las pretensiones de Boluarte exceden lo razonablemente exigible.
Este caso destaca las complejidades y desafíos éticos que enfrentan los funcionarios públicos en Perú cuando buscan reivindicar sus derechos laborales mientras ocupan cargos de alta responsabilidad
