El asesinato del joven manifestante Eduardo Ruiz Sanz durante la marcha nacional del 15 de octubre ha detonado una tormenta política que amenaza con derrumbar al actual presidente del Congreso y jefe de Estado interino, José Jerí. La bancada socialista, encabezada por Pasión Dávila, presentó una moción de censura contra Jerí y toda la Mesa Directiva, a quienes responsabiliza directamente por la represión policial que dejó al menos un muerto y decenas de heridos.
La medida, que ya reunió las 20 firmas reglamentarias, ha encendido las alarmas en el Legislativo. De aprobarse, el Parlamento tendría que elegir una nueva Mesa Directiva, lo que implicaría un cambio inmediato en la jefatura del Estado. “La Mesa Directiva encabezada por Jerí ha perdido toda legitimidad y solo refuerza la percepción de que el Congreso actúa en función de intereses particulares, no del bienestar de la Nación”, se lee en el documento presentado este jueves.
El país al borde de otra crisis política
A menos de tres meses de haber asumido la conducción del Congreso —tras la vacancia de Dina Boluarte—, José Jerí enfrenta su momento más crítico. La moción de censura será debatida de manera prioritaria este mismo día en el Pleno, según fuentes del Legislativo.
El hecho que originó la crisis ocurrió durante la “Marcha de la Generación Z”, una movilización nacional contra la inseguridad ciudadana y la clase política. Eduardo Ruiz, de 32 años e integrante de un colectivo de hip hop, murió tras recibir el impacto de un proyectil durante la represión policial. El caso provocó indignación dentro y fuera del país: varios medios internacionales titularon “Se agudiza la crisis política en Perú” y cuestionaron la respuesta del Gobierno frente a la protesta.
Reacciones enfrentadas en el poder
El Primer Vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, rechazó la posibilidad de ceder ante la censura, alegando que los manifestantes buscan “provocar el caos”. “Otra vez han atacado ferozmente a la policía con el único propósito de capturar el poder. ¿Cederemos nuevamente? En 2020 lo lograron y las consecuencias fueron cinco años de Castillo y Boluarte”, escribió en su cuenta de X.
Sin embargo, la postura del Ejecutivo solo avivó la polémica. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, minimizó el impacto político del asesinato. “Para mí no hay costo político”, declaró a RPP, defendiendo la actuación policial pese a las evidencias de uso de perdigones contra civiles.
Un gabinete bajo sospecha
Las críticas también apuntan al primer ministro, Ernesto Álvarez, quien días antes de la marcha había tildado la movilización de “intento subversivo”. En publicaciones previas en redes sociales, el jefe del gabinete aseguró que la protesta buscaba “acabar con la democracia y forzar una asamblea constituyente bolivariana”.
El tono beligerante de sus declaraciones, sumado a la muerte del joven Ruiz, ha generado preocupación entre analistas y organizaciones de derechos humanos. “El discurso oficial criminalizó la protesta antes de que ocurriera la tragedia”, señalaron desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
La presión crece
Mientras tanto, colectivos juveniles y familiares del joven asesinado exigen justicia y la renuncia inmediata de Jerí. Diversas regiones del país anuncian nuevas movilizaciones para el fin de semana.
El Congreso, dividido y debilitado, enfrenta una de las jornadas más tensas de los últimos años. Si la moción prospera, Perú entraría en su sexta transición política en menos de cinco años, confirmando que la crisis institucional parece no tener fin.
