El Congreso de la República, resistiéndose a derogar la Ley 32108 sobre crimen organizado, aprobó una serie de modificaciones que han despertado preocupación entre diversos sectores de la sociedad. La norma, promulgada por la presidenta Dina Boluarte, ha sido señalada como beneficiosa para ciertos delitos de corrupción, ya que excluye crímenes como tráfico de influencias, negociación incompatible y colusión simple del marco de investigación bajo el crimen organizado. Según expertos, esto podría limitar la capacidad del Estado para combatir la corrupción de manera efectiva.
Según Infobae, María Alejandra Gonzales detalla cómo el Parlamento, liderado por partidos cuyos principales representantes están bajo investigación por corrupción —incluyendo a Keiko Fujimori, Vladimir Cerrón y César Acuña—, aprobó estos cambios con 82 votos a favor. Pese a la presión de la ciudadanía y de sectores académicos, se negaron a derogar la ley, lo que ha sido percibido como un intento de blindar a ciertos actores políticos de ser investigados bajo los preceptos del crimen organizado.
El abogado penalista Rafael Chanjan, a través de una columna en el portal web de la Facultad de Derecho PUCP, recordó que la Constitución peruana, en sus artículos 39 y 41, establece el combate contra la corrupción como un interés de rango constitucional. Sin embargo, las nuevas modificaciones a la Ley 32108 parecen contradecir este mandato al reducir el alcance de las investigaciones en delitos de menor gravedad, a pesar de que dichos crímenes podrían estar directamente vinculados a redes criminales más amplias.
Chanjan también resaltó en una entrevista con La República que la Convención de Palermo establece que el delito de crimen organizado debe conllevar un mínimo de cuatro años de prisión. Esta referencia internacional no fue tomada en cuenta por el Congreso al momento de reformar la ley, lo que podría debilitar los esfuerzos del Estado para desmantelar redes criminales vinculadas a la corrupción, en especial en casos relacionados con el aparato estatal.
Un informe de la Defensoría del Pueblo sobre corrupción a nivel nacional, publicado en el primer semestre de 2024, destaca la magnitud del problema. En total, se registraron, 6294 casos en trámite, representando un aumento del 9% respecto al semestre anterior. Lima lidera el ranking con el 19% de los casos de corrupción en trámite, mientras que Junín y Cusco acumulan cada uno el 6% del total.
Las municipalidades se posicionan como las entidades con mayor cantidad de casos de corrupción en trámite, acumulando el 38% del total, seguidas por los gobiernos regionales con el 28%. La Policía Nacional del Perú también figura con un 13% de los casos. Además, el informe revela que la mayoría de los casos —el 95.4%— se encuentran aún en la fase de investigación preliminar, lo que subraya la necesidad de contar con herramientas legales más robustas para avanzar en el proceso penal.
Estas cifras reflejan un panorama preocupante, donde la corrupción sigue siendo un problema estructural en diversas esferas del gobierno peruano. La implementación de la Ley 32108, bajo las modificaciones recientes, podría agravar esta situación, debilitando la capacidad del sistema judicial para enfrentar las redes de corrupción que operan en el país.
