Una nueva intervención simultánea de la Procuraduría Pública Anticorrupción y la Policía Nacional sacudió nuevamente al Gobierno Regional de Huánuco (Gorehco). La diligencia, realizada en horas de la mañana, responde a denuncias por presunto direccionamiento de concursos públicos de contratación bajo los regímenes CAS y la convocatoria DL 276, beneficiando supuestamente a personas vinculadas al círculo de confianza del actual gobernador.
De acuerdo con la Procuraduría, entre las principales irregularidades se encuentran la designación de funcionarios sin el perfil profesional exigido por ley, así como procesos amañados que habrían favorecido a allegados del gobernador Antonio Pulgar. Las denuncias también apuntan a la contratación de personas que lo habrían acompañado desde su gestión como alcalde en Amarilis y que buscarían su estabilidad laboral en el Gorehco.
Sin embargo, durante la intervención de las autoridades, Pulgar no se presentó
Procuradora Krupskaia Beraun lideró intervención
La diligencia fue dirigida por la procuradora anticorrupción descentralizada de Huánuco, Krupskaia Beraun Aguirre, quien encabezó el ingreso al edificio institucional junto a efectivos de la División de Lucha Contra la Corrupción. El operativo incluyó el registro de oficinas clave como Abastecimientos, Logística, Despacho y otras áreas administrativas del Gorehco.
Según indicó Beraun, se procedió al levantamiento de actas e incautación de documentación relacionada con los procesos de contratación bajo sospecha. “Estamos recolectando elementos que serán remitidos al Ministerio Público para su análisis y eventual apertura de investigación penal”, precisó la funcionaria.
La intervención sorprendió también por la interrupción repentina del servicio eléctrico en pleno operativo, hecho que fue calificado como un intento de obstaculización por parte de los equipos de control.
En ese sentido, la Procuraduría procedió con el recojo íntegro de documentación e información relacionada con cinco concursos específicos: los procesos CAS N.° 008-2025, 013-2025 y 016-2025, así como las convocatorias bajo el Decreto Legislativo 276 N.° 001-2025 y 006-2025.
Según se detalla en el oficio, se habrían detectado coincidencias, patrones operativos y repeticiones en los resultados de estas convocatorias, lo que “refuerza la presunción de un esquema organizado de direccionamiento”. Esta documentación será fundamental para la construcción de un expediente fiscal que permita determinar si existieron delitos contra la administración pública en perjuicio del Estado.
Tensión ciudadana por reincidencia
Los cuestionamientos no solo se centran en los presuntos favorecimientos, sino en el patrón reiterado de irregularidades que involucran al gobierno regional. Con esta, ya son tres las intervenciones policiales en lo que va del año.
Una de las principales figuras señaladas por las denuncias es Sully Godoy, quien actualmente ocupa un cargo de confianza en la gestión de Antonio Pulgar. Según versiones recogidas por la Procuraduría, Godoy habría sido favorecida junto a otros allegados del entorno político del gobernador, con contrataciones presuntamente irregulares.
Antonio Pulgar, por su parte, ha negado públicamente tener conocimiento sobre estos presuntos direccionamientos. En declaraciones previas, manifestó que es responsabilidad de las autoridades judiciales sustentar cualquier acusación, y que su gestión colabora con las investigaciones.
Intervención genera críticas
Pese a la gravedad de las acusaciones, un sector de la ciudadanía ha expresado su desconfianza frente a estos operativos, cuestionando la ausencia de resultados tangibles en las investigaciones anteriores. En particular, llama la atención que en esta ocasión se haya allanado incluso un auditorio ubicado en el fondo del edificio regional.
Los documentos y materiales incautados, según la Procuraduría, podrían ser clave para desentrañar un posible patrón de corrupción institucionalizada que, de comprobarse, afectaría gravemente la credibilidad de la administración regional.
