Un nuevo y lamentable incidente de discriminación ha sacudido la ciudad de Cusco, generando indignación pública. El hecho, ocurrido el fin de semana pasado, involucra a una ciudadana identificada como Fiorella Elisa Ras Viani, quien fue grabada profiriendo insultos racistas y agrediendo a un agente de seguridad frente a un bar en la calle Tecsecocha, un área conocida por su actividad nocturna y turística. La agresión física, que incluyó un escupitajo, agrava aún más la naturaleza del acto discriminatorio, que ha reavivado el debate sobre el racismo persistente en la sociedad peruana, especialmente en contextos urbanos y turísticos como Cusco, donde la interacción entre diferentes culturas es constante. El Código Penal peruano contempla sanciones para este tipo de actos discriminatorios, lo que ha puesto en alerta a las autoridades y organizaciones sociales.
Según la investigación publicada por El Comercio, la controversia no se limita a este único evento, ya que usuarios de redes sociales han desenterrado incidentes previos protagonizados por la misma persona, revelando un patrón preocupante de comportamiento agresivo y discriminatorio.
Las redes sociales jugaron un papel crucial en la identificación de la agresora y la exposición de su historial. El usuario PicanteDKuy difundió en X videos que muestran a Fiorella Ras Viani, acompañada aparentemente por su pareja, en una confrontación con agentes de seguridad de una discoteca en el sur de la capital. En estas imágenes, se observa a Ras discutiendo acaloradamente con el personal de seguridad y reaccionando de manera violenta al percatarse de que estaba siendo grabada por una joven, a quien intentó agredir físicamente. Adicionalmente, se reveló una imagen de un caso judicial del 2019 en Piura, donde Ras fue imputada por violencia contra la autoridad, evidenciando un historial conflictivo con la ley.
La respuesta del Estado no se hizo esperar. El Ministerio de Cultura (Mincul) emitió un comunicado de rechazo «contundente» hacia los actos racistas de Ras Viani, calificando sus expresiones como «racistas, discriminatorias y violentas». La institución anunció el inicio de acciones legales ante el Ministerio Público, fundamentando su decisión en la necesidad de combatir la normalización del racismo y la discriminación en el país. La Procuraduría Pública del Mincul está elaborando un expediente técnico para presentar una denuncia penal, invocando el artículo 323 del Código Penal, que sanciona actos de discriminación. Asimismo, se invocaron normas regionales que condenan este tipo de conductas.
El Mincul también destacó su compromiso con la lucha contra el racismo y la promoción del Proyecto de Ley N.º 6311-2023-PE, que busca endurecer las sanciones penales para los delitos de discriminación. Esta iniciativa legislativa, que ya ha sido aprobada por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, está pendiente de debate y aprobación en el Pleno del Parlamento, lo que subraya la urgencia de abordar este problema a nivel legal.
Ante la creciente controversia, Fiorella Ras optó por cerrar sus cuentas en redes sociales. El Diario Ahora intentó contactar a Ras a través de su madre en Instagram para obtener su versión de los hechos, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. Este silencio ha alimentado aún más la indignación pública y ha reforzado la percepción de culpabilidad.
Las leyes peruanas establecen penas de prisión y reparación civil para quienes cometan actos de discriminación. Daniel Vargas Valle, supervisor de Asistencia Legal y Defensa de Víctimas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), señaló que existen agravantes que pueden aumentar la pena, como ser funcionario público, cometer el delito a través de Internet o emplear violencia física o mental. Vargas Valle también proporcionó información sobre cómo denunciar casos de discriminación y los elementos que constituyen este tipo de violencia psicológica, que incluye un trato diferenciado basado en motivos prohibidos y la limitación de derechos fundamentales.
Finalmente, el Mincul ha puesto a disposición de la ciudadanía el servicio ‘Alerta Contra el Racismo’, un mecanismo para orientar legalmente a las víctimas de discriminación étnico-racial. Este servicio incluye una línea telefónica gratuita, atención por WhatsApp, correo electrónico, una plataforma web y redes sociales, lo que demuestra el compromiso del Estado en combatir el racismo y brindar apoyo a quienes sufren sus consecuencias. La iniciativa busca fomentar la denuncia y garantizar que las víctimas tengan acceso a la justicia y la reparación.
