La controversia sobre el uso de caballos por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el control de manifestaciones y eventos masivos ha resurgido, tras un incidente reciente donde una agente de la Unidad de la Policía Montada cayó de su caballo cerca del Estadio Nacional, durante la llegada del bus de la selección peruana. Este hecho reaviva el debate sobre la idoneidad de esta práctica, considerando los riesgos tanto para los animales como para los efectivos policiales y el público en general.
Según la investigación publicada por El Comercio, el tema se encuentra judicializado desde 2019, cuando una sala constitucional prohibió esta práctica, fallo que luego fue anulado por la Corte Suprema en 2023, ordenando una nueva evaluación del caso. El debate se centra en si el uso de caballos es un apoyo necesario para la labor policial o un riesgo público innecesario.
La Primera Sala Constitucional Civil de Lima, en su decisión inicial de diciembre de 2019, basó su dictamen en estudios de la Federación Ecuestre Internacional, los cuales revelaron la alta sensibilidad auditiva de los caballos, lo que los hace particularmente vulnerables al estrés y la angustia en entornos con ruidos fuertes, como los producidos por bombas lacrimógenas o fuegos artificiales. Adicionalmente, el tribunal sugirió que la Policía Montada se enfocara en tareas de rescate en áreas de difícil acceso y en zonas rurales, donde sus habilidades serían más apropiadas y efectivas.
Sin embargo, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema revocó este fallo en noviembre de 2023, argumentando que la decisión original era incongruente y que la sala inferior no había proporcionado suficiente evidencia científica que respaldara la mayor sensibilidad auditiva de los caballos en comparación con los humanos. La Corte Suprema instó a una nueva evaluación del caso, generando incertidumbre sobre el futuro del uso de caballos en el control del orden público.
En enero de 2024, la problemática cobró mayor relevancia tras la muerte de un caballo, que escapó asustado por la pirotecnia durante la “Noche Blanquiazul” y fue atropellado por un autobús. Este incidente impulsó a la congresista Sigrid Bazán a presentar un proyecto de ley que busca prohibir el uso de animales por parte de la Policía y el Serenazgo en el control de multitudes. Asimismo, el Bloque Parlamentario por la Defensa y Protección Animal ha manifestado su rechazo a esta práctica, instando a la PNP a cesar el uso de equinos en eventos deportivos y sociales.
Sonia Córdova, presidenta del Instituto Peruano de Asesoría Legal del Medio Ambiente y la Biodiversidad (Ipalema), quien interpuso la demanda inicial en 2017, aboga por una resolución judicial que priorice el bienestar animal. Su propuesta es que la Unidad de la Policía Montada se limite a tareas de rescate, desfiles y patrullaje en zonas rurales, donde el estrés y los riesgos para los animales son menores. Córdova también sugiere la necesidad de capacitar a los jueces en temas de bienestar animal y la creación de juzgados especializados en derecho animal para asegurar decisiones congruentes y uniformes. Su demanda original surgió tras la muerte de “Lamar”, una yegua atacada durante disturbios en el mercado La Parada en 2012.
En contraposición, el general PNP (r) Eduardo Pérez Rocha, exjefe de la Policía y oficial de Caballería, defiende el uso de caballos como una herramienta “necesaria” para el control de masas, argumentando que la PNP carece de equipos alternativos como camiones hidrantes. Pérez Rocha subraya que las policías de numerosos países mantienen unidades equinas y que eliminar esta práctica en el Perú sería un error, dejando a la institución desabastecida para cumplir con su función de mantener el orden público.
