El reciente nombramiento de Alejandro Narváez como presidente de PetroPerú ha reavivado la controversia en torno a su historial judicial, en el cual figura una condena por un caso de violación presunta en la década de 1970. La designación, que fue aprobada por la Junta General de Accionistas de PetroPerú y encabezada por el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, se produce tras casi dos meses de vacancia en el directorio de la compañía. Narváez regresa a la presidencia de esta importante entidad estatal, un puesto que ocupó previamente entre 2003 y 2005. Según un informe de La República elaborado por Pamela Arroyo.
El caso judicial que involucra a Narváez data de 1973, cuando fue condenado por el Juzgado de Instrucción de Abancay a seis meses de prisión por el delito de violación presunta, cumpliendo su condena entre febrero y julio de aquel año. Si bien este episodio había quedado en el pasado, en 2021 volvió a ocupar la atención pública durante una supervisión de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), donde Narváez era docente. Al detectar sus antecedentes, la Sunedu ordenó su destitución temporal, en línea con la normativa que exige la separación de trabajadores universitarios vinculados a delitos graves, como terrorismo, violación y narcotráfico.
Narváez apela su destitución en San Marcos
El proceso de destitución de Narváez en la UNMSM fue una medida temporal debido a que él apeló la decisión argumentando que su caso se remonta a un periodo anterior a la promulgación de la Ley 29988. Esta ley, promulgada en 2013, establece sanciones específicas para funcionarios educativos que hayan cometido delitos graves; sin embargo, Narváez sostuvo que su caso ocurrió décadas antes de la entrada en vigor de dicha normativa. Gracias a este tecnicismo legal, fue reincorporado como docente en San Marcos, generando una polémica que no pasó desapercibida en el ámbito educativo.
El hecho de que Narváez pudiera retomar su cargo en la UNMSM a pesar de sus antecedentes provocó entonces fuertes críticas hacia la universidad y al sistema de apelación en casos de esta naturaleza. A pesar de las objeciones en su contra, su reincorporación fue vista por algunos como un ejemplo de las complejidades legales que rodean los casos de personas con antecedentes penales. Ahora, su regreso a PetroPerú pone nuevamente en el centro de atención el historial del directivo, generando cuestionamientos sobre los criterios de nombramiento en instituciones estatales.
Polémicas anteriores en PetroPerú
Narváez es una figura conocida en PetroPerú, donde ya ejerció la presidencia entre 2003 y 2005, y su gestión también ha sido objeto de críticas. Durante ese periodo, su liderazgo fue cuestionado debido a algunas decisiones estratégicas y a las controversias que se generaron en torno a contratos de la empresa. La nueva designación de Narváez, en este sentido, no solo despierta dudas por su antecedente judicial, sino también por la capacidad de la compañía para superar problemas de gestión que han afectado su desempeño en los últimos años.
Al respecto, PetroPerú enfrenta múltiples retos: la reestructuración de su estrategia de desarrollo, el fortalecimiento de sus políticas de transparencia y el replanteamiento de su modelo de negocio para enfrentar la competencia en el sector energético. El nombramiento de un directivo que ya ha pasado por la empresa y que arrastra una historia controvertida podría dificultar estos objetivos, o al menos, poner a prueba la confianza en el liderazgo de la institución.
Reacciones en la comunidad política y civil
El regreso de Narváez a PetroPerú ha suscitado reacciones encontradas. Diversos colectivos sociales y organismos en defensa de los derechos de las mujeres han expresado su descontento ante el nombramiento de una persona con antecedentes de violencia sexual. La situación adquiere mayor relevancia en un contexto en el que el Gobierno de Dina Boluarte ha prometido promover políticas que fortalezcan la seguridad ciudadana y la justicia social. La designación de Narváez parece, en este sentido, contradecir los esfuerzos por establecer un compromiso ético en el sector público, especialmente en entidades estatales clave como PetroPerú.
De igual modo, algunos congresistas y figuras políticas han manifestado su rechazo a la designación. Para los críticos, la decisión de otorgar a Narváez un puesto de alto nivel en PetroPerú envía un mensaje contradictorio sobre los valores que debería representar el gobierno. Si bien la ministra de Energía y Minas, Rómulo Mucho, ha defendido el nombramiento de Narváez como una decisión técnica, las voces de oposición exigen que el gobierno considere los antecedentes judiciales como un factor decisivo en los procesos de selección para cargos públicos.
El desafío de la transparencia en PetroPerú
La inclusión de figuras cuestionadas en el liderazgo de PetroPerú no solo impacta la percepción pública de la empresa, sino que también plantea un desafío significativo para sus operaciones y su credibilidad. PetroPerú se enfrenta a una serie de auditorías y procesos de reestructuración destinados a mejorar su eficiencia y garantizar el uso adecuado de los recursos estatales. La llegada de Narváez al directorio puede dificultar estos procesos, o incluso restarle legitimidad a los esfuerzos de reforma en la institución.
Para algunos analistas, el nombramiento también refleja la falta de alternativas en el proceso de selección de autoridades dentro de PetroPerú. En lugar de realizar una búsqueda exhaustiva de profesionales con un historial intachable, el gobierno parece haber optado por una figura con experiencia en el sector, aunque con antecedentes controvertidos. La situación subraya la necesidad de reformar los criterios de selección y establecer filtros rigurosos que aseguren la transparencia y la ética en el manejo de recursos públicos.
Una polémica que seguirá dando de qué hablar
El regreso de Alejandro Narváez a PetroPerú es una decisión que probablemente siga generando debate en los próximos días. Tanto en el ámbito político como en el social, los cuestionamientos a su nombramiento reflejan la desconfianza hacia figuras con antecedentes judiciales que vuelven a ocupar cargos de poder en instituciones públicas. Para el gobierno de Dina Boluarte, la designación de Narváez es un recordatorio de la importancia de fortalecer los mecanismos de transparencia y de seleccionar a autoridades que, además de su experiencia técnica, cuenten con un historial que inspire confianza y respeto en la ciudadanía.
Las próximas semanas serán determinantes para observar cómo evoluciona la gestión de Narváez en PetroPerú y cómo responde el gobierno ante las crecientes críticas hacia este nombramiento. La controversia pone en evidencia la necesidad de establecer normas más estrictas para garantizar que los cargos públicos sean ocupados por personas cuyo historial refleje los valores de responsabilidad y ética que demandan los ciudadanos.
