El Decreto Legislativo 1585, promulgado por la presidenta Dina Boluarte en noviembre de 2023, ha generado polémica al permitir que personas condenadas por delitos graves, como minería ilegal, extorsión, tráfico de drogas y robo, puedan reemplazar sus penas de cárcel por servicios comunitarios o vigilancia electrónica. La medida, presentada como una iniciativa para reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios, ha sido criticada por fiscales y sectores de la sociedad civil, quienes advierten que podría fomentar la impunidad en un momento en que el país enfrenta una crisis de inseguridad sin precedentes. Según un informe de Renato Silva para Infobae.
Un decreto para “deshacinamiento” carcelario que libera a condenados
La publicación del decreto en el diario oficial El Peruano detalla que el objetivo es disminuir la sobrepoblación en las cárceles, que actualmente excede la capacidad de infraestructura penitenciaria en Perú. Una de las disposiciones más controvertidas del decreto es que eleva de cuatro a cinco años la pena mínima para dictar prisión efectiva, lo que significa que condenas menores pueden ser convertidas en penas alternativas, como servicios comunitarios. Esta medida también permite la aplicación retroactiva, lo que beneficia a personas ya sentenciadas que ahora pueden solicitar el cambio de su condena.
Uno de los casos más mediáticos es el de Kenji Fujimori, excongresista e hijo del expresidente Alberto Fujimori, quien fue condenado en el caso conocido como “Mamanivideos” a cuatro años y medio de prisión. Gracias al nuevo decreto, el Poder Judicial suspendió su pena, considerando que Fujimori no tiene antecedentes y otros factores. Al respecto, la flexibilización de las sentencias ha generado un debate público en torno a la efectividad de esta política y a su potencial impacto en la seguridad ciudadana.
Beneficiados por delitos como extorsión, robo y tráfico de drogas
Además de Fujimori, se estima que personas condenadas por otros delitos graves también podrían acogerse a este decreto. Entre estos delitos se incluyen extorsión, tráfico ilícito de drogas, cohecho, tentativa de robo, colusión, y otros delitos contra la administración pública. La normativa indica que aquellos que reciban penas de hasta cinco años de prisión podrán solicitar su conversión a trabajo comunitario, mientras que quienes tengan penas de hasta diez años podrían obtener el beneficio de la vigilancia electrónica.
Este cambio legislativo también afecta a los implicados en minería ilegal, un delito que impacta profundamente en las regiones de la Amazonía peruana, donde se han presentado más de 10,000 denuncias por esta actividad desde 2019. La falta de penas efectivas para estos casos ha sido una preocupación constante para las comunidades locales y organizaciones medioambientales, que señalan que la minería ilegal ha causado devastación ambiental y desintegración social en la región.
Críticas del Ministerio Público y advertencias de los fiscales
El Decreto Legislativo 1585 no ha pasado desapercibido en el Ministerio Público, donde el fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, ha lanzado fuertes críticas al gobierno y al Congreso. Durante su intervención en un evento organizado por la Cámara de Comercio de Lima, Chávez Cotrina acusó a las autoridades de aprobar leyes que facilitan la liberación de delincuentes y obstaculizan la aplicación de prisión preventiva, al elevar los requisitos para esta medida.
“Para que una persona sea sometida a prisión preventiva, el delito debe tener una pena mínima de cinco años. Antes solo se requerían cuatro años”, explicó Chávez Cotrina, enfatizando que esta modificación permite que más personas acusadas de delitos graves evadan la prisión preventiva, lo que en su opinión dificulta la lucha contra el crimen. Además, advirtió que de no revertirse estas políticas, Perú podría enfrentar un aumento aún mayor en los índices de criminalidad en los próximos meses.
En su discurso, el fiscal también destacó que, aunque el Ejecutivo ha propuesto aumentar las penas para crímenes como la extorsión y el sicariato, estas medidas punitivas no garantizan la reducción de la delincuencia. “El derecho penal se utiliza como último recurso en la lucha contra la criminalidad; esa no es la solución”, argumentó. Según él, elevar las penas sin un plan integral de seguridad solo crea una falsa expectativa de cambio, ya que “el delincuente no lee el código penal para decidir si cometerá un crimen”.
¿Una política de liberación o un sistema de justicia en crisis?
El Decreto Legislativo 1585 ha sido recibido con escepticismo por la sociedad civil y las autoridades locales, quienes temen que la flexibilización de las penas beneficie a sectores implicados en redes de corrupción y crimen organizado. Para el fiscal Chávez Cotrina, esta política revela una falta de coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo que, a su juicio, resulta en un sistema de justicia incapaz de enfrentar eficazmente la creciente criminalidad. “El Estado necesita una política seria contra el crimen. No es cuestión de que el Ejecutivo tenga una estrategia y el Legislativo otra. Ambos chocan, y ahí están las consecuencias”, sentenció.
Por otro lado, el argumento oficial de reducir la población carcelaria se enfrenta a cuestionamientos debido a las consecuencias que esta política podría traer a largo plazo. Expertos en criminología advierten que, en lugar de aliviar el sistema penitenciario, el decreto podría incrementar la reincidencia delictiva, al permitir que personas condenadas por delitos graves continúen en libertad con mínimas restricciones. Organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil han señalado que es necesario considerar alternativas más responsables, como la mejora de la infraestructura carcelaria y el fortalecimiento de programas de rehabilitación para evitar la reincidencia.
La situación de los casos de minería ilegal en la Amazonía
Uno de los grupos que podría beneficiarse más ampliamente de este decreto es el de personas procesadas por minería ilegal, un delito que enfrenta penas de entre tres y doce años de cárcel. Solo en la región amazónica, se han registrado más de 4,487 denuncias por minería ilegal entre 2019 y marzo de 2024, pero solo 57 casos de minería ilegal agravada han sido resueltos en los últimos seis años. La falta de sanciones efectivas ha generado un ambiente de impunidad en esta región, donde los grupos dedicados a la minería ilegal han expandido sus operaciones, con efectos devastadores en el medio ambiente y en las comunidades locales.
El decreto facilita que quienes reciban penas menores de cinco años puedan obtener sanciones alternativas, lo que podría representar un incentivo para que estas actividades ilícitas continúen. La posibilidad de que los implicados en minería ilegal evadan la prisión ha sido criticada por activistas ambientales y autoridades locales, quienes exigen que el gobierno implemente sanciones más estrictas para proteger los recursos naturales y las comunidades amazónicas.
