En medio de una creciente controversia nacional e internacional, la presidenta de la República,
Dina Boluarte, expresó un abierto respaldo al cuestionado proyecto de Ley de Amnistía que busca beneficiar a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa que actuaron durante el conflicto armado interno. Durante una ceremonia pública en Lima, la mandataria manifestó su desacuerdo con la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que exige la suspensión del trámite legislativo.
“Perú es soberano. No somos colonia de nadie”, declaró Boluarte ante efectivos policiales, en lo que se interpretó como un desafío directo a la resolución de la Corte IDH. Las declaraciones generaron reacciones encontradas y han reavivado el debate sobre justicia, memoria y reconciliación en el país.
La ley que divide al país: justicia o impunidad
La propuesta legislativa, aprobada el 9 de julio por la Comisión Permanente del Congreso y aún pendiente de promulgación, concede amnistía a militares, policías y miembros de rondas que hayan sido investigados, procesados o condenados por delitos vinculados al conflicto interno entre 1980 y 2000. La norma incluye a personas con sentencias firmes mayores de 70 años.
Sus defensores sostienen que se trata de una reparación frente a lo que consideran una “persecución judicial” contra quienes enfrentaron el terrorismo. Sin embargo, esta lectura no es compartida por organizaciones de derechos humanos ni por instancias internacionales, que advierten sobre una violación grave a las normas que prohíben amnistías en casos de crímenes de lesa humanidad.
La intervención de la Corte IDH y la reacción global
El 24 de julio, la presidenta de la Corte IDH, Nancy Hernández López, ordenó al Estado peruano detener de inmediato el trámite de la Ley de Amnistía, señalando su impacto potencial sobre casos emblemáticos como Barrios Altos y La Cantuta, ambos con sentencias firmes en el sistema interamericano. La resolución advierte que aplicar dicha norma podría vulnerar derechos fundamentales de las víctimas, así como comprometer al país en el incumplimiento de obligaciones internacionales.
Diversos organismos internacionales, como Naciones Unidas y Amnistía Internacional, se han sumado a las críticas. En un pronunciamiento reciente, la ONU afirmó que la medida legislativa colocaría al Perú en “claro incumplimiento de sus compromisos en virtud del derecho internacional”, subrayando que crímenes como desapariciones forzadas, tortura o violencia sexual no pueden ser objeto de amnistía bajo ninguna circunstancia.
Según estimaciones de organizaciones de derechos humanos, más de 150 sentencias y al menos 600 procesos en curso podrían verse afectados, lo que pondría en riesgo décadas de búsqueda de justicia por parte de las víctimas del conflicto armado.
Postura oficial y advertencias de desacato
En un comunicado posterior, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sostuvo que las disposiciones de la Corte IDH “exceden su mandato” y reiteró el respaldo del Ejecutivo a la controvertida norma. El gobierno peruano afirmó que la Corte no tendría competencia para interferir en un proceso legislativo interno aún no culminado.
El respaldo a la ley proviene de sectores conservadores y de parte de la ciudadanía que considera que los agentes del Estado no deben ser perseguidos por su rol en la lucha contra el terrorismo. No obstante, distintas voces de la sociedad civil, así como juristas especializados, han alertado sobre un posible escenario de “desacato internacional” que podría acarrear consecuencias diplomáticas y dañar el compromiso histórico del Perú con los derechos humanos.
Las víctimas alzan la voz desde todo el país
Organizaciones de derechos humanos y colectivos de familiares de víctimas han manifestado un rechazo categórico a la norma. “Esta ley nos arrebata el derecho a la verdad”, declaró Gisela Ortiz, hermana de una de las víctimas del caso La Cantuta. Desde regiones como Ayacucho y Huanta —zonas particularmente golpeadas por la violencia— se ha advertido que la amnistía favorecería a altos mandos militares procesados por crímenes graves.
Luis Arónez, vocero de una red de víctimas, fue directo en su denuncia: “Más de 25 mil desaparecidos, miles de mujeres violadas. Esta ley no es para los héroes, es una carta blanca para los victimarios”.
El proyecto también genera incertidumbre jurídica, ya que no se aplicaría de manera automática: cada caso deberá ser evaluado por un juez penal. Esto abre la posibilidad de litigios ante el Tribunal Constitucional y eventuales demandas ante instancias internacionales.
Audiencia clave en agosto y un debate que trasciende lo legal
La Corte IDH ha convocado a una audiencia pública el próximo 21 de agosto, donde participarán representantes del Estado peruano, víctimas y la Comisión Interamericana. El resultado de esta sesión podría marcar un punto de inflexión en el compromiso del país con el sistema interamericano de justicia.
Más allá de los tribunales, el debate sobre la amnistía ha encendido una disputa simbólica entre memoria y olvido. Para algunos, se trata de saldar una deuda con quienes enfrentaron la violencia armada; para otros, representa la institucionalización de la impunidad y el retroceso en la construcción de una memoria colectiva basada en la justicia.
