Un nuevo manto de secretismo cubre a la Policía Nacional del Perú (PNP). Mediante la Resolución Directoral N.° 009-2025-DIRTIC-PNP-SEC, emitida el 25 de agosto de 2025, la institución declaró que toda la información relacionada con denuncias presentadas en comisarías o en el Sistema de Registro de Denuncias tendrá carácter reservado por un periodo de cinco años.
Esto significa que los ciudadanos no podrán acceder al detalle de las denuncias formuladas, independientemente del tipo de delito o de la relevancia del caso.
El argumento oficial se centra en la necesidad de resguardar las investigaciones y garantizar la seguridad ciudadana. Según la resolución, si las denuncias permanecieran públicas podrían comprometer la labor policial, afectar la seguridad nacional e incluso poner en riesgo la gobernabilidad. La Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la PNP será la encargada de custodiar los datos bajo esta clasificación.
Sin embargo, especialistas en transparencia y derechos ciudadanos advierten que la medida puede tener un efecto contrario: en lugar de proteger a las víctimas, las deja en una posición vulnerable, sin posibilidad de dar seguimiento a la tramitación de sus denuncias ni de ejercer un control ciudadano sobre la actuación policial. La reserva indiscriminada —sin distinguir entre casos sensibles y denuncias ordinarias— cierra el acceso a información que podría ser pública sin afectar procesos en curso.
La decisión también despierta preocupaciones mayores en el terreno de los derechos humanos. Con esta medida, las denuncias vinculadas a la actuación de la propia policía durante las protestas de 2022 y 2023, en las que murieron más de 60 personas según informes de la CIDH y Amnistía Internacional, quedarían blindadas frente al escrutinio social y periodístico.
De este modo, se limitaría la posibilidad de conocer cómo fueron registradas, qué diligencias se realizaron y qué avances hubo en las investigaciones. Para los familiares de las víctimas, ese acceso es vital tanto para exigir justicia como para descartar eventuales intentos de encubrimiento institucional.
