La reciente revelación sobre la adquisición de vehículos de alta gama para los altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) ha desatado un intenso debate entre autoridades, agentes policiales y ciudadanía. Con una inversión superior a 17 millones de soles y la entrega de camionetas Audi, Toyota y Corolla a coroneles, generales y tenientes generales, entre ellos el propio comandante Víctor Zanabria, la controversia ha puesto en tela de juicio la prioridad en el uso de recursos públicos y la desconexión entre la cúpula y la base policial.
Justificaciones y cuestionamientos
Al ser consultado por los medios, Zanabria defendió la compra señalando que responde a la ley y fue realizada bajo un proceso regular con presupuesto autorizado. Sin embargo, la respuesta más viral fue su frase retórica: “¿Para cumplir mis actividades, vengo en bicicleta?”, lo que agudizó la indignación de buena parte de la población. Mientras los altos funcionarios disfrutan de vehículos de lujo, muchos efectivos trabajan en condiciones precarias, llegando incluso a comprar su propio chaleco antibalas, como ocurrió con el fallecido José Gabriel Munive, quien murió en un reciente enfrentamiento.
Transparencia y deber institucional
La indignación no solo surge por la diferencia de trato, sino por la falta de claridad sobre las verdaderas necesidades de la institución y el impacto de este tipo de adquisiciones en el presupuesto nacional. Según la Unidad de Investigación, los beneficiarios directos son miembros del Estado Mayor y directivos del comando policial, a quienes el reglamento otorga el derecho a estos vehículos, siempre que los entreguen a la División Logística al momento del retiro.
Reflexión para el futuro
Este caso pone sobre la mesa la importancia de repensar las prioridades de inversión en la seguridad ciudadana y de fortalecer la transparencia en la gestión pública. El mensaje que deja la PNP con esta polémica decisión es preocupante: se privilegia la comodidad y el estatus de unos pocos frente a las necesidades básicas de miles de policías que diariamente arriesgan su vida. Es urgente que las instituciones realicen un ejercicio autocrítico y que la ciudadanía exija rendición de cuentas, para asegurar que los fondos públicos realmente beneficien a quienes más lo necesitan y contribuyan a la seguridad de todos.
