En una decisión controversial, la Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que propone restituir la firma del exdictador Alberto Fujimori en la Constitución de 1993, la misma que fue retirada por la ley 27600, promulgada en 2000. Con 14 votos a favor, 4 en contra y 9 abstenciones, la comisión respaldó el planteamiento, que ahora se dirige a su debate en el pleno del Congreso. La iniciativa, sustentada por la congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular), ha generado un intenso debate sobre la reinterpretación de hechos históricos y la posible manipulación de la memoria colectiva del país.
El proyecto de ley argumenta que la firma de Fujimori debe ser restituida como un acto de “verdad histórica”, aduciendo que la decisión de eliminarla en su momento fue una forma de borrar de la narrativa oficial la participación del expresidente en la creación de la Constitución que rige el país actualmente. Para los defensores de la medida, este gesto no busca reivindicar a Fujimori como figura política, sino reconocer su rol en la historia constitucional del Perú.
Un antecedente polémico: El golpe de Estado de 1992
El contexto de esta propuesta revive las sombras del golpe de Estado de 1992, cuando Alberto Fujimori disolvió el Congreso y asumió el poder de manera inconstitucional, estableciendo una dictadura que duró hasta 2000. Durante su gobierno, Fujimori implementó una serie de reformas políticas y económicas, pero también se vio involucrado en graves denuncias de corrupción, especialmente tras el escándalo de los Vladivideos que destaparon la corrupción en su administración.
La Constitución de 1993, que todavía rige en el Perú, fue redactada durante este período autoritario y fue aprobada sin la participación del Congreso disuelto. Fujimori firmó la Carta Magna en su calidad de presidente, y su firma figuró en el documento hasta que, en el año 2000, se aprobó la ley 27600, que eliminó dicha firma como parte de un proceso de deslegitimación de su gobierno y la transición hacia la democracia.
Patricia Juárez: Justificación de la restitución de la firma
Durante la sustentación del proyecto de ley, la congresista Patricia Juárez expuso que la eliminación de la firma de Fujimori fue un acto de manipulación de hechos históricos que sienta un “precedente peligroso”. Según la legisladora, permitir que se modifique el contenido de documentos fundamentales como la Constitución a través de leyes que reescriben la historia puede dar paso a intentos de revisar otros episodios importantes del pasado del país. En su opinión, restituir la firma de Fujimori no es un acto de reivindicación personal del exdictador, sino un compromiso con la verdad histórica.
«Permitir la manipulación de hechos históricos por ley sienta un precedente peligroso. Si hoy aceptamos con normalidad que se elimine la firma de un presidente en un documento tan fundamental como la Constitución, mañana podríamos enfrentarnos a intentos de reescribir otros capítulos de nuestra historia», señaló Juárez. La congresista también destacó la importancia de reconocer que Fujimori jugó un papel central en la promulgación de la Constitución, que es la base del sistema legal y político del Perú actual.
Un tema de debate y confrontación en el Congreso
La propuesta de Juárez ha sido recibida con opiniones divididas en el Congreso. Si bien fue respaldada por varios congresistas fujimoristas y conservadores, algunos legisladores y analistas políticos han cuestionado la pertinencia de la medida. Para muchos, la restitución de la firma de Fujimori no es simplemente un reconocimiento a la historia, sino una forma de exonerar su legado político y minimizar las violaciones de derechos humanos que ocurrieron durante su mandato.
Además, durante la discusión del proyecto, Juárez fue interrumpida por una voz que comenzó a reclamar, lo que generó cierta incomodidad en la sesión. Aunque la congresista restó importancia al incidente, esta interrupción reflejó el clima de tensión que rodea la propuesta, que ha generado tanto apoyo como rechazo dentro de las filas parlamentarias.
El proyecto cuenta con el respaldo de 58 congresistas
El proyecto de ley, que ahora deberá pasar al pleno del Congreso para su votación, cuenta con el apoyo de 58 congresistas, la mayoría de los cuales pertenecen a bancadas fujimoristas y conservadoras. Entre los firmantes del proyecto figuran representantes de Fuerza Popular, el partido del exdictador, así como de otras agrupaciones políticas que han mostrado afinidad con la propuesta. Este respaldo, sin embargo, ha sido cuestionado por quienes consideran que el proyecto responde más a intereses partidarios que a un genuino compromiso con la memoria histórica del país.
Algunos congresistas, como los de Perú Libre y el Partido Morado, han expresado su desacuerdo con la restitución de la firma, argumentando que esta medida no tiene otro propósito que el de fortalecer el legado de un gobierno autoritario que violó principios democráticos y derechos humanos fundamentales.
El contexto de la ley 27600
La ley 27600, que eliminó la firma de Fujimori de la Constitución en el año 2000, fue promulgada en un momento crucial de la transición política del Perú. Después de la caída del régimen de Fujimori, que terminó con su renuncia en medio de un escándalo de corrupción, el país enfrentó el desafío de reconstruir su sistema democrático y político. En este proceso, se tomaron medidas simbólicas y legales para distanciar al país de la dictadura y los abusos cometidos durante ese período.
Eliminar la firma de Fujimori de la Constitución fue parte de un esfuerzo por deslegitimar su gobierno y marcar una ruptura con el autoritarismo. La ley fue vista como un paso hacia la consolidación de la democracia y la reafirmación de los valores republicanos. Ahora, la propuesta de restituir esa firma reabre un debate sobre si es posible reconciliar el reconocimiento de logros constitucionales con el rechazo a los métodos autoritarios empleados para lograrlos.
Implicaciones para la historia y la política peruana
La aprobación de este proyecto de ley tiene implicaciones profundas para la historia y la política peruana. Si bien el proyecto busca resaltar la importancia de la Constitución de 1993 en la historia del país, también podría abrir la puerta para revalorar de manera más general el legado político de Alberto Fujimori. Esto podría tener repercusiones en la forma en que se aborda el pasado reciente del Perú, un periodo que sigue siendo motivo de intensos debates sobre justicia, derechos humanos y reconciliación.
En un país con una historia política compleja y a menudo conflictiva, decisiones como la de restituir la firma de un exdictador en un documento fundacional son más que simples gestos simbólicos. Representan una invitación a replantear cómo se perciben los eventos pasados y, por ende, cómo se construye el futuro político. En última instancia, la decisión que tome el Congreso sobre este tema podría afectar no solo la memoria histórica del Perú, sino también la confianza de la ciudadanía en sus instituciones políticas.
Conclusión: Un debate sobre el futuro de la memoria histórica
La discusión sobre la restitución de la firma de Alberto Fujimori es un claro reflejo de las tensiones que persisten en la sociedad peruana respecto a su pasado reciente. Mientras algunos consideran que este gesto es un reconocimiento a un hecho histórico importante, otros lo ven como una forma de legitimar un legado que estuvo marcado por la corrupción y las violaciones de derechos humanos. En cualquier caso, el debate está lejos de terminar, y las repercusiones de la decisión del Congreso serán sentidas durante muchos años.