El Congreso aprobó por insistencia una nueva Amnistía Tributaria que permitirá regularizar rentas no declaradas hasta el 31 de diciembre de 2022. Esta medida beneficiará principalmente a contribuyentes con mayores ingresos, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y representará una condonación de entre S/2.100 millones y S/3.600 millones.
El régimen establece tasas del 10% sobre rentas no declaradas y del 7% si los fondos son repatriados e invertidos en el país por al menos 12 meses. Quienes se acojan estarán protegidos de fiscalizaciones y acciones penales por parte de la Sunat, salvo que las rentas provengan de delitos graves.
Críticos, como el abogado tributarista Rafael Inurritegui, advierten que la medida premia a evasores, beneficia desproporcionadamente a los más ricos y podría facilitar el lavado de dinero debido a la falta de controles estrictos sobre el origen de los fondos. El MEF también expresó preocupación por el impacto en la equidad fiscal, señalando que el 1% más rico concentra el 94% de las rentas extranjeras.
La propuesta contraviene recomendaciones de la OCDE, que desaconseja amnistías fiscales por su impacto negativo en el cumplimiento tributario y la sostenibilidad fiscal a largo plazo.
