El sistema judicial peruano se encuentra en un momento crucial con la evaluación del pedido de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, un caso que ha capturado la atención pública y plantea interrogantes sobre el debido proceso y la justicia. La solicitud fiscal por seis meses de prisión preventiva es un punto álgido en el proceso judicial que enfrenta Vizcarra.
Según la investigación publicada por El Comercio, el Poder Judicial programó para este miércoles 25 de junio, a partir de las 11:30 de la mañana, la audiencia donde se analizaría la procedencia de la medida cautelar solicitada por la fiscalía.
Durante la audiencia inicial, el juez Víctor Alcocer Acosta, titular del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, se vio en la necesidad de suspender la sesión. Esta decisión se tomó tras aceptar la petición del abogado defensor de Vizcarra, quien argumentó la ausencia física de su cliente, ubicado en la región San Martín, y la necesidad de contar con un mayor tiempo para la preparación de los argumentos de defensa.
El exmandatario, que enfrenta un juicio oral por presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador de Moquegua, donde se le acusa de haber recibido S/ 2.3 millones en sobornos, ha negado consistentemente los cargos. Vizcarra utilizó la red social ‘X’ para expresar su opinión sobre el pedido de prisión preventiva, calificándolo como una “persecución política” que busca “silenciarlo”.
La participación de Vizcarra en la audiencia del miércoles se realizó de forma virtual, situación que generó controversia y motivó la intervención del fiscal Germán Juárez, quien argumentó que el expresidente debía estar presente de manera física. Ante la suspensión, se reprogramó la audiencia para el jueves 26 de junio a las 5 p.m., generando un debate sobre la celeridad del proceso y los derechos de la defensa.
La defensa de Vizcarra confirmó el retorno del expresidente a Lima para el jueves, asegurando su participación, aunque virtual, en la audiencia. No obstante, el abogado defensor expresó su desacuerdo con la decisión de suspender la audiencia, sugiriendo la posibilidad de postergarla hasta el viernes 27 de junio. La decisión final del juez Alcocer Acosta fue mantener la programación para el jueves, generando incertidumbre sobre el desarrollo futuro del caso.
