El Poder Judicial del Perú confirmó que el exministro Daniel Urresti Elera deberá continuar en prisión, luego de declarar infundado el pedido de nulidad de su sentencia por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. El fallo también marcó un precedente al rechazar la aplicación de la Ley 32107, norma aprobada por el Congreso para prescribir delitos de lesa humanidad cometidos entre 1980 y 2000.
La resolución judicial se basó en el uso del control difuso —establecido en el artículo 138 de la Constitución— que faculta a los jueces a inaplicar leyes que contradigan normas de rango constitucional o tratados internacionales en derechos humanos.
Según precisó el fiscal superior Carlos Palomino Quispe, la ley recientemente promulgada por el Parlamento vulnera los estándares del derecho internacional y contradice obligaciones asumidas por el Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ello, se decidió su inaplicación en este caso emblemático.
Organismos defensores de derechos humanos calificaron la Ley 32107 como una “ley de impunidad”, ya que pretendía beneficiar a miembros de las Fuerzas Armadas procesados por crímenes como los de Barrios Altos, La Cantuta, Accomarca o Cayara, considerados imprescriptibles por la jurisprudencia internacional.
El Ministerio Público saludó la decisión a través de un comunicado institucional, resaltando que el Poder Judicial actuó conforme al derecho convencional y al precedente de casos emblemáticos como el de La Cantuta. “Este fallo reafirma el compromiso del país con la justicia y los derechos humanos”, señaló la Fiscalía.
El 12 de abril de 2023, la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria sentenció a Daniel Urresti a 12 años de prisión efectiva como coautor del asesinato del periodista ayacuchano Hugo Bustíos Saavedra, ocurrido el 24 de noviembre de 1988. La sentencia también lo declaró culpable del intento de homicidio contra el reportero Eduardo Rojas Arce.
Según el expediente, Bustíos fue emboscado en Huanta mientras realizaba labores de cobertura para la revista Caretas. Las investigaciones apuntaron a una patrulla militar como autora del ataque, y posteriores testimonios implicaron directamente a Urresti, entonces oficial del Ejército destacado en la zona.
El caso fue reabierto tras años de investigación, y su condena fue ratificada por la Corte Suprema en agosto de 2024. Actualmente, el exministro del Interior cumple su condena en el penal Miguel Castro Castro.
La decisión del Poder Judicial de no aplicar la Ley 32107 representa un punto de inflexión frente a los intentos del Congreso de reformar el alcance de la justicia en casos de derechos humanos. En opinión de expertos legales, el fallo blinda procesos históricos y refuerza la independencia del Poder Judicial ante interferencias normativas con fines políticos.
