El sistema judicial peruano se encuentra en un punto crucial al evaluar las medidas restrictivas impuestas a figuras políticas involucradas en casos de presunta corrupción. Un reciente fallo del Poder Judicial (PJ) ha generado controversia al anular el impedimento de salida del país y la comparecencia con restricciones que pesaban sobre el ex primer ministro César Villanueva, durante el gobierno de Martín Vizcarra, acusado de presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal.
Según la investigación publicada por El Comercio, el juez de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley declaró la “caducidad de la medida” impuesta en 2019. Esta decisión se enmarca dentro del proceso judicial donde Villanueva es señalado por supuestamente intentar influir en fiscales del Equipo Especial Lava Jato para obtener información sensible que lo involucraba.
En consecuencia, Villanueva Arévalo enfrenta un juicio oral por los presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal. El Ministerio Público ha solicitado una condena de 4 años y 8 meses de prisión, acompañada de una inhabilitación para ejercer cargos públicos por 8 años y 8 meses. Además, se ha requerido el pago de una multa de S/ 39,000 y una reparación civil de S/200,000. La decisión judicial de levantar las restricciones también se extendió a José María Sebastián Zurita, otro de los acusados en este mismo caso.
La justificación del juez supremo se basó en que, tras vencerse los 18 meses de la medida de impedimento de salida del país y comparecencia con restricciones impuesta en diciembre de 2019, la Fiscalía no solicitó una prórroga en el plazo debido. Este incumplimiento en los tiempos procesales, según el magistrado, llevó a la expiración indefectible de la medida, haciendo necesario el levantamiento de las restricciones de oficio.
Es importante señalar que, a pesar de esta decisión, César Villanueva aún enfrenta restricciones en el marco de otro proceso judicial relacionado con la licitación irregular de la Carretera “San José de Sisa” a la empresa Odebrecht, cuando ejercía como gobernador regional de San Martín. Sin embargo, esta situación podría cambiar en los próximos días, ya que su defensa legal ha solicitado el levantamiento de estas medidas restrictivas basándose en la aplicación de la Ley 32130, promulgada a finales de 2024.
Esta ley, que establece plazos máximos para la prisión preventiva según la complejidad de los casos, también contempla la aplicación de estos mismos plazos a medidas menos severas como la comparecencia con restricciones y el impedimento de salida del país. El abogado de Villanueva, Luis Naldo, ha confirmado que confían en que su solicitud sea favorable, argumentando que el Poder Judicial ya ha aplicado esta normativa en otros casos similares. La defensa argumenta que, tomando en cuenta los plazos establecidos en la Ley 32130, las restricciones impuestas a Villanueva en junio de 2021 ya habrían expirado en 2023.
En el caso de la licitación de la carretera, la Fiscalía sostiene que Villanueva, valiéndose de su posición como gobernador, habría favorecido a Odebrecht mediante acciones y actos administrativos que aparentaban legalidad. A cambio, habría recibido un beneficio económico de $30,000.00 en el primer semestre de 2010. Odebrecht, como persona jurídica acogida a un proceso de colaboración eficaz, ha reconocido estos actos ilícitos. Cabe recordar que recientemente, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski también se benefició de la aplicación de la Ley 32130, quedando exento de medidas restrictivas.
