El Poder Judicial ordenó la suspensión provisional de una norma promovida y firmada por el presidente José Jerí, que modificaba el esquema de administración de las cajas municipales de ahorro y crédito. La decisión judicial se adoptó tras advertirse riesgos para la autonomía de estas entidades financieras, que administran recursos millonarios a nivel nacional.
La medida fue concedida por el Juzgado Constitucional Permanente de Huancayo, luego de evaluar una demanda interpuesta por la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo contra el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo. La resolución dispone detener los efectos de la ley mientras se resuelve el fondo del proceso constitucional.
La norma cuestionada había sido incorporada dentro de la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2026 (Ley 32515). Según un reportaje de Panorama, el contenido fue incluido en una ley de naturaleza distinta, pese a que previamente no había alcanzado una segunda votación en el Parlamento, lo que abrió cuestionamientos sobre el procedimiento legislativo empleado.
De acuerdo con la información difundida por el dominical, la modificación sobre las cajas municipales fue incorporada en la Ley de Endeudamiento, una norma que no guarda relación directa con la gobernanza ni el funcionamiento de estas entidades financieras de carácter municipal. Este hecho fue uno de los principales argumentos considerados por el juzgado para conceder la medida cautelar.
El informe periodístico recordó, además, que el presidente José Jerí había firmado previamente otra ley que beneficiaba a la Confederación Nacional de Comerciantes (Conaco), organización en la que el mandatario trabajó como abogado años atrás. Dicha norma otorgaba a ese gremio un asiento en los directorios de todas las cajas municipales del país, lo que generó críticas por un presunto conflicto de intereses.
Esa iniciativa no prosperó en el Congreso. Sin embargo, según el reportaje, el objetivo de influir en la administración de las cajas municipales se habría mantenido a través de un nuevo mecanismo: el Viceministerio de la Producción, entidad dependiente del Ejecutivo. Con este cambio, el control de los directorios pasaba del ámbito gremial a la órbita directa del Gobierno central.
Especialistas consultados por el medio advirtieron que esta modificación podía afectar la independencia de las cajas municipales, instituciones clave para el financiamiento de pequeños emprendedores y gobiernos locales, y que manejan fondos de alta relevancia económica.
En su resolución, el Poder Judicial señaló que la medida cautelar resulta necesaria para evitar un daño irreversible. El juzgado precisó que, de continuar aplicándose la norma y ser declarada posteriormente inconstitucional, no sería posible revertir plenamente los efectos generados sobre la autonomía administrativa y económica de las cajas municipales.
Por ello, se dispuso la suspensión inmediata de los efectos jurídicos de la disposición impugnada, manteniéndose el régimen vigente previo a la aprobación de la ley. En el caso específico de la Caja Municipal de Huancayo, se garantiza la continuidad de su autonomía institucional mientras se resuelve el proceso principal.
La decisión judicial se produce en un contexto político complejo para el Gobierno de José Jerí, que en los últimos días también retiró un proyecto que autorizaba el ingreso de un buque chino al puerto del Callao y enfrenta cuestionamientos por otros temas sensibles, como las revelaciones sobre escuchas telefónicas vinculadas a su entorno.
Este fallo reabre el debate sobre los límites del poder político en relación con entidades financieras municipales y refuerza el rol del Poder Judicial como contrapeso institucional. El desenlace del proceso constitucional será clave para definir si la ley impulsada por el Ejecutivo se ajusta o no al marco constitucional vigente.
