La controversia sobre la operación a la que se sometió la presidenta de la República, Dina Boluarte, continúa generando tensiones políticas y legales. Camila Calderón, en un informe detallado para Infobae, revela que el juez Juan Carlos Checkley negó el allanamiento a la Clínica Cabani, donde se realizó la intervención quirúrgica, pese a que el propio médico tratante reconoció que se trató de un procedimiento estético.
Mientras la mandataria sostenía públicamente que su operación obedecía a motivos estrictamente médicos, la documentación entregada a la Fiscalía, incluida la historia clínica reconstruida a solicitud del Poder Judicial, cuenta una versión diferente. “El doctor Mario Cabani Ravello describió procedimientos estéticos, como rinoplastia, blefaroplastia, injertos grasos faciales e hilos de sustentación”, precisa el informe.
El documento, entregado bajo mandato judicial, expone contradicciones entre la versión de la presidenta y la del cirujano plástico. A pesar de que Cabani se acogió a su derecho al silencio ante la Fiscalía, los informes clínicos hablan por sí solos. “Nuestra posición es contraria, pero la fiscalía determinará quién tiene la razón”, dijo Juan Carlos Portugal, abogado de Boluarte, en declaraciones a Latina Noticias.
¿Qué procedimiento se realizó realmente?
Según el informe firmado por Mario Cabani y su equipo médico, Dina Boluarte se sometió a cuatro intervenciones:
- Rinoplastia con septumplastia funcional, para corregir el tabique nasal.
- Blefaroplastia inferior transconjuntival bilateral, intervención sobre los párpados inferiores.
- Injertos grasos faciales, usados como relleno estético.
- Hilos de sustentación facial, una técnica para el estiramiento de la piel del rostro.
Estas intervenciones fueron realizadas bajo anestesia local y sedación intravenosa, típicas de cirugías con fines estéticos y de rápida recuperación.
La intervención judicial y su limitación
La Fiscalía de la Nación solicitó el allanamiento tanto de la Clínica Cabani como de la clínica Sanna, donde se buscaba incautar toda la documentación relacionada con el procedimiento quirúrgico de la mandataria. La intención era esclarecer si la operación había sido estética o respondía a motivos médicos que justificaran su temporal ausencia del cargo.
Sin embargo, el juez Juan Carlos Checkley rechazó esta solicitud argumentando que “el allanamiento podía vulnerar el derecho a la privacidad y confidencialidad médica de otros pacientes”. Según su resolución, incautar historiales clínicos en bloque habría comprometido información sensible de ciudadanos que nada tienen que ver con la investigación presidencial.
El derecho a la salud y la privacidad en juego
El magistrado explicó que permitir el ingreso de la Fiscalía a las clínicas para incautar documentos constituiría un riesgo para la intimidad de cientos de pacientes. “La privacidad de la información médica es un derecho fundamental. Este tipo de diligencias no puede poner en riesgo la confianza depositada por otros usuarios en los servicios de salud”, detalló Checkley.
Además, el juez señaló que “no existen elementos suficientes para autorizar una medida tan invasiva como el descerraje de establecimientos de salud”. Para sustentar su postura, indicó que la intervención de Boluarte no habría interferido con el ejercicio de sus funciones como presidenta, ya que ningún miembro del Gabinete habría notado su ausencia durante los días posteriores a la cirugía.
En ese sentido, se resaltó que el entonces presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y otros funcionarios del Ejecutivo, manifestaron haberse enterado de la intervención quirúrgica de la presidenta a través de los medios de comunicación.
¿Qué papel juega el equipo de magnetoterapia?
Un hecho que alimentó las sospechas en torno a la operación fue la adquisición, por parte del Despacho Presidencial, de un equipo de magnetoterapia el mismo día de la cirugía. El equipo, valorizado en S/12.500 (aproximadamente 3.300 dólares), fue registrado como compra institucional.
Sin embargo, el juez descartó que este hecho constituyera argumento suficiente para justificar el allanamiento de las clínicas. “La adquisición de ese dispositivo no acredita, por sí sola, un uso indebido de recursos del Estado ni prueba que se haya empleado para uso exclusivo de la mandataria”, se indicó en la resolución.
Contradicciones que podrían tener consecuencias
La contradicción entre el mensaje presidencial y el contenido de la historia clínica puede abrir una nueva línea de investigación por posible falsedad o encubrimiento. La presidenta declaró públicamente que se había sometido a una intervención médica necesaria, insinuando que no se trataba de una cirugía electiva o estética.
“Lo ocurrido pone en tela de juicio la transparencia del Ejecutivo frente a los ciudadanos”, señalan analistas políticos, quienes ven en este caso una oportunidad para revisar los mecanismos de control y rendición de cuentas que deben regir la conducta de los funcionarios de alto nivel.
El Ministerio Público continúa con la recolección de pruebas, aunque ahora enfrenta limitaciones impuestas por el Poder Judicial. Aun así, el acceso a la historia clínica ya ha permitido evidenciar discrepancias clave, por lo que no se descarta que en los próximos días se formalicen nuevas diligencias o se amplíe la investigación.
¿Cuál será el siguiente paso?
El caso se encuentra ahora en una etapa crítica. La Fiscalía evalúa nuevas estrategias para avanzar en la indagación, considerando las limitaciones legales para el acceso a instalaciones de salud. Mientras tanto, el entorno de la presidenta insiste en que se trató de un procedimiento con fines funcionales, aunque los documentos médicos apunten en otra dirección.
“Es responsabilidad de la Fiscalía esclarecer si la mandataria incurrió en una omisión dolosa al comunicar una versión distinta a la contenida en su historia clínica”, advierten especialistas en derecho penal.
En medio del escándalo, la imagen pública de Boluarte podría verse deteriorada no solo por la operación en sí, sino por la forma en que ha manejado la información relacionada con su estado de salud. La confianza ciudadana, siempre frágil en contextos de crisis institucional, vuelve a ser puesta a prueba.Poder Judicial frena allanamiento, pero historia médica de Boluarte ya está en manos de la Fiscalía
