El futuro legal de la presidenta Dina Boluarte está en manos de la Segunda Sala Constitucional de Lima, que el próximo martes 9 de julio deliberará sobre la posible anulación de la denuncia constitucional en su contra. La mandataria enfrenta acusaciones de homicidio calificado y lesiones graves, relacionadas con las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023.
Esta decisión judicial se produce después de que el juez Jhonatan Valencia López desestimara en marzo una demanda de amparo interpuesta por el abogado de Boluarte, que buscaba invalidar la denuncia constitucional. La audiencia, que se llevará a cabo virtualmente a partir de las 10 a.m., permitirá a la defensa de Boluarte y al representante del Ministerio Público presentar sus argumentos.
El tribunal también se pronunciará sobre la solicitud de la defensa para archivar las investigaciones relacionadas con las muertes de cinco manifestantes y las lesiones de un sexto, así como una acusación por genocidio. La resolución de la Segunda Sala Constitucional será crucial para determinar la continuación o el cese de las acciones legales contra la presidenta, en un contexto de alta tensión política y social en Perú
