El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria realizó una audiencia virtual este 9 de febrero de 2024 para definir el futuro de la investigación contra el expresentador Andrés Hurtado, la exfiscal Elizabeth Peralta y el empresario Javier Miu Lei. Este complejo proceso, que lleva más de 30 meses activo, busca determinar si la Fiscalía Suprema ha excedido los plazos legales establecidos, un factor clave con implicaciones directas para los tres principales investigados.
Según la investigación publicada por Caretas, este emblemático caso se remonta al año 2020, cuando el Ministerio Público incautó barras de oro a la empresa de Miu Lei. La hipótesis fiscal apunta a que Hurtado habría coordinado un pago ilegal, una supuesta “coima”, a la fiscal Peralta para favorecer a Miu Lei, un esquema que atenta directamente contra la administración pública y la fe pública, delitos tipificados en el Código Penal Peruano, generando preocupación en la ciudadanía.
Casi 3 Años de Espera: Juez Supremo Evalúa Cierre de Caso
La audiencia del 9 de febrero de 2024, que se inició puntualmente a las 9:30 a.m. y se extendió por más de 2 horas, fue dirigida por el juez supremo de investigación preparatoria. Su objetivo principal fue analizar las solicitudes de “control de plazo” presentadas por las defensas de la exfiscal superior Elizabeth Peralta y del empresario Javier Miu Lei, quienes exigen a la Fiscalía Suprema una decisión definitiva. En este proceso, el magistrado evaluó argumentos legales complejos, buscando balancear la eficacia de la justicia con el derecho a un proceso en tiempo razonable. La resolución de este juzgado, una de las más de 25 similares que se han presentado en el último año a nivel supremo, se espera que sea emitida en los próximos 15 días hábiles.
¿Por qué la duración de una investigación es tan crucial para la justicia?
El “control de plazo” es una herramienta legal esencial en el sistema judicial peruano, diseñada para evitar dilaciones indebidas y garantizar el derecho de los investigados a un proceso justo. Las defensas de Peralta y Miu Lei, representadas por un equipo de 2 abogados, argumentan que la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos ha excedido los tiempos máximos permitidos para la investigación preparatoria, que según el Artículo 343 del Código Procesal Penal, es de 12 meses para casos simples y hasta 36 meses para casos complejos. La prolongación de este proceso más allá de los límites legales podría invalidar actuaciones y, potencialmente, llevar al archivo del caso, una situación que ya se ha visto en más de 50 recursos de control de plazo presentados en instancias menores a nivel nacional durante el último semestre.
La Trama de Corrupción que Sacude los Pasillos del Poder Judicial
Este caso es un reflejo de la persistente lucha del Perú contra la corrupción en altas esferas. Según informes del Ministerio de Justicia, en 2023, más de 70 casos de corrupción llegaron a instancias supremas, y de esos, aproximadamente el 60% implicaron delitos de tráfico de influencias. La Contraloría General de la República estima que el costo de la corrupción en Perú supera los 20 mil millones de soles anualmente, afectando gravemente el desarrollo del país y la confianza ciudadana en sus instituciones. La atención mediática en casos como este de Andrés Hurtado, “Chibolín”, amplifica el debate público sobre la transparencia y la rendición de cuentas.
¿Cómo encajan Hurtado, Peralta y Miu Lei en esta compleja red?
La situación legal de los tres investigados es diversa y ha evolucionado a lo largo del proceso. Andrés Hurtado, el expresentador de televisión, conocido como “Chibolín”, ha cumplido prisión preventiva por más de 18 meses en el establecimiento penitenciario de Lurigancho, imputándosele el rol de intermediario clave en las coordinaciones entre el empresario y la exfiscal. Por su parte, la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta ha estado en prisión preventiva por más de 24 meses en el Establecimiento Penitenciario de Mujeres, ex Santa Mónica. En contraste, el empresario Javier Miu Lei afronta la investigación preparatoria bajo un mandato de comparecencia con restricciones y ha depositado una caución de 50 mil soles. El caso, iniciado hace 3 años (en 2020), con los hechos principales ocurriendo entre ese año y 2021, incluye otros 2 hechos presuntamente ilícitos, que se incorporaron al proceso en una ampliación de la investigación hace 14 meses.
Cohecho Activo y Tráfico de Influencias: El Delito Detrás de la Coima
La Fiscalía Suprema sostiene que Andrés Hurtado habría intervenido en el pago de una presunta coima entregada por el empresario Javier Miu Lei a la exfiscal Elizabeth Peralta. El objetivo era que Peralta interviniera para favorecer a Miu Lei en la recuperación de barras de oro que el Ministerio Público había incautado a su empresa en 2020, un operativo que llevó a la incautación de más de 300 kilos de oro, valorados en más de 15 millones de dólares. Se estima que la “coima” podría haber representado un porcentaje significativo, quizás hasta un 10% del valor de lo incautado, lo que rondaría 1.5 millones de dólares. El delito de cohecho activo específico (Artículo 397 del Código Penal) se castiga con penas de hasta 8 años de prisión, mientras que el tráfico de influencias (Artículo 400) puede implicar hasta 6 años. La imputación del Ministerio Público subraya la gravedad de intentar manipular la justicia con pagos ilícitos.
Febrero 2024: La Fecha Clave para el Futuro del Proceso Penal
Esta audiencia del 9 de febrero, que marca la 13ra diligencia en este prolongado proceso, es un hito crucial. La decisión del Juzgado Supremo se espera para la primera quincena de marzo, es decir, en menos de 15 días hábiles.
¿Qué significa el “control de plazo” para casos de alta corrupción?
La resolución del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria no solo definirá la situación de Andrés Hurtado, Elizabeth Peralta y Javier Miu Lei, sino que sentará un precedente importante para el sistema de justicia peruano. Si se ordena el cierre de la investigación, el Ministerio Público tendrá un plazo de 10 días para formalizar su decisión, ya sea con un sobreseimiento o el archivo definitivo, lo que podría generar un intenso debate sobre la efectividad de las fiscalías en la persecución de delitos complejos. Un posible sobreseimiento podría impactar la ya baja percepción de la justicia, donde más del 75% de la población desconfía del sistema judicial. Por otro lado, permitir que la Fiscalía continúe podría extender el proceso por otros 5 a 7 años, sumándose a los más de 200 casos complejos que el Poder Judicial tiene en su agenda. El resultado de este caso es observado de cerca, tanto por la opinión pública como por la comunidad jurídica, ya que podría marcar un antes y un después en cómo se manejan los plazos procesales en casos de alto impacto.
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