El Poder Judicial ha expresado su preocupación frente a la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, que cuestiona la Ley de Extinción de Dominio en Perú. Esta demanda podría facilitar la evasión de la justicia por parte de figuras criminales y corruptas, al vincular la aplicación de la ley a procesos penales prolongados, según indica el Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio.
El presidente de la mesa de trabajo del subsistema, el juez supremo Manuel Luján Túpez, advierte que la demanda podría beneficiar especialmente a testaferros y grandes corruptos, cuyos bienes se encuentran a nombre de terceros, impidiendo así su correcta atribución y recuperación por parte del Estado. .
La Ley de Extinción de Dominio, basada en el Decreto Legislativo N.º 1373, es crucial para el combate a delitos graves como la minería ilegal, el narcotráfico y la corrupción, permitiendo la incautación de bienes obtenidos ilícitamente sin necesidad de una condena penal previa. Este enfoque es respaldado por convenciones internacionales y busca prevenir que los criminales mantengan recursos para operar mientras duran sus procesos judiciales.
Luján Túpez subraya la importancia de mantener la autonomía de la extinción de dominio frente a los procesos penales, asegurando que la ley trata sobre la legalidad de los bienes, no sobre la culpabilidad de los individuos.
