El cierre temporal de la piscina municipal San Pedro en Huánuco, ejecutado por la DIRESA tras detectar un nivel de 0 clorificación, constituye una señal de alerta máxima sobre la gestión de la salud pública local. En plena temporada de verano 2026, resulta inadmisible que un recinto que alberga a cientos de menores en talleres de natación opere con 0.0 partes por millón (ppm) de cloro, cuando la norma sanitaria exige un rango estricto de entre 0.5 y 1.5 ppm. El operativo, liderado por Aldo Villareyes Cariga y respaldado por la Fiscalía de Prevención del Delito, ha desnudado una negligencia técnica que pone en riesgo la integridad de la población en un momento donde la concurrencia se eleva al 100% de su capacidad.
La intervención técnica ha revelado que no se trata de un descuido aislado, sino de una falla sistémica en el mantenimiento de los activos municipales. Además de la ausencia total de químicos desinfectantes, la inspección dejó observaciones críticas sobre el sistema de recirculación, el cual debe operar las 24 horas para garantizar la pureza del agua. La falta de un sistema de lavapiés, una barrera biosanitaria que reduce el 70% de la carga orgánica externa, demuestra una preocupante desconexión con los estándares de bioseguridad vigentes. Ante este escenario, la DIRESA ha desplegado a 10 inspectores especializados para vigilar las 25 piscinas identificadas en la ciudad, bajo una política de “cero tolerancia” que ya ha puesto la lupa sobre otros 2 locales con deficiencias graves.
La administración municipal enfrenta ahora el reto de subsanar estas faltas en un plazo referencial de 3 días. Sin embargo, la reapertura no es un trámite automático; requiere una inversión inmediata en dosificadores y la optimización de equipos de bombeo que podrían costar más de S/1,500 solo en adecuaciones físicas básicas. Mientras los 500 usuarios afectados esperan soluciones, el cronograma de vigilancia estival de 90 días continuará implacable. La salud de los niños y adolescentes, que representan el 80% de los bañistas, no puede estar sujeta a la improvisación técnica. Es imperativo que la gestión edil demuestre, en las próximas 48 horas, que tiene la capacidad de revertir este puntaje de 0% en salubridad para devolver a la ciudadanía un espacio seguro. El esparcimiento es un derecho, pero la seguridad biológica es una obligación legal irrenunciable que no admite más demoras ni justificaciones administrativas.
