Pier Figari Mendoza, fundador de Fuerza Popular y exasesor cercano de Keiko Fujimori, enfrenta cuestionamientos por no haber consignado en su Hoja de Vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) su vinculación con cuatro empresas que realizaron transferencias a sus cuentas por un total de US$181.500.
Se trata de Capricornio Import, Lima Ingeniería y Construcción, Integral Technologies y Ofisoft.com, compañías que —según la investigación fiscal— pertenecen a Joaquín Ramírez Gamarra, exsecretario general de Fuerza Popular y exjefe de campaña presidencial en 2016.
De acuerdo con la acusación formulada por el fiscal especializado en Lavado de Activos, Wilson Salazar Reque, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó 71 transferencias realizadas entre 2013 y 2017 desde dichas empresas hacia las cuentas de Figari. El periodo coincide con los años en que ambos integraban el núcleo directivo del partido naranja.
La omisión de estas compañías en la declaración presentada al JNE ha generado cuestionamientos, dado que la normativa electoral exige detallar vínculos societarios y participaciones empresariales. Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre una rectificación del documento.
El caso forma parte de una investigación distinta al denominado “Caso Cócteles”. Según el Ministerio Público, esta pesquisa está vinculada al presunto desvío de fondos de la desaparecida Universidad Alas Peruanas (UAP), institución que estuvo bajo el control de Joaquín Ramírez y su familia.
La acusación fiscal sostiene que recursos de la universidad habrían sido desviados con fines económicos y políticos. En ese contexto, se identificaron los movimientos financieros hacia las cuentas de Figari. El fiscal Salazar incluyó en su acusación a Joaquín Ramírez, Pier Figari y Keiko Fujimori.
Consultado por la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, Figari señaló que el dinero recibido corresponde a pagos por “asesorías legales”. Sin embargo, según la investigación, no presentó documentación que sustente dichos servicios de manera formal.
Durante la actual campaña, Figari ha centrado su discurso en denunciar una presunta persecución política, recordando que permaneció 570 días en prisión preventiva en el marco del “Caso Cócteles”, proceso del que fue liberado tras un fallo del Tribunal Constitucional. No obstante, esta nueva investigación continúa en trámite y mantiene bajo evaluación los flujos financieros detectados por la UIF.




