La Coalición Nacional de Sindicatos de Petroperú anunció un paro nacional de 72 horas desde las 00:00 del lunes 19 de enero, en rechazo al Decreto de Urgencia N.° 010-2025, norma que dispone una reorganización patrimonial y operativa de la petrolera estatal bajo un esquema que, para los gremios, abre la puerta a una privatización. La medida —según los sindicatos— busca defender la “soberanía energética”, los derechos laborales y el patrimonio público, y se extenderá a “todos los trabajadores” de la empresa.
La convocatoria se produce en un contexto de alta tensión política y económica alrededor de Petroperú. En los últimos días, voces parlamentarias han anunciado iniciativas de control político vinculadas al decreto, mientras los gremios sostienen que el Ejecutivo estaría empujando a la empresa hacia un escenario de debilitamiento financiero. En paralelo, la agencia Fitch Ratings informó que retiró sus calificaciones a Petroperú al señalar que no cuenta con información suficiente para mantener el seguimiento y emitir una decisión de rating.
Las acciones de protesta comenzarán antes del paro. De acuerdo con la convocatoria sindical, desde el miércoles 14 de enero se realizarán plantones y concentraciones en la Plaza San Martín, el edificio corporativo de Petroperú (San Isidro) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), además de vigilias descentralizadas en el norte, centro y sur del país.
El paro nacional de 72 horas se iniciará el 19 de enero y se prolongará hasta el 21 de enero. Para el martes 20, los sindicatos anunciaron una marcha con concentración en la Plaza Dos de Mayo, coordinada con centrales sindicales como la CGTP y la CUT. La jornada final, el 21 de enero, contempla nuevos plantones frente al MEF, según el mismo plan de movilización.
El DU 010-2025, publicado a fines de diciembre de 2025, plantea medidas extraordinarias para una reorganización patrimonial de Petroperú, incluyendo la creación de bloques patrimoniales y el encargo a ProInversión del diseño y conducción del proceso de promoción de inversión privada asociado a la reorganización, según el texto oficial difundido en El Peruano.
Para los sindicatos, esa arquitectura legal equivale a un “desmembramiento” que facilita la transferencia de activos o la entrada de privados en condiciones que afectarían el control estatal. En el plano político, el debate escaló luego de que se anunciara una moción de vacancia contra el presidente José Jerí sustentada en que el decreto configuraría una “privatización encubierta”, según declaraciones recogidas en medios.
Desde el Ejecutivo, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) defendió la medida señalando que el decreto busca salvaguardar la sostenibilidad financiera de la empresa y garantizar la continuidad del abastecimiento y operaciones, presentándolo como una solución estructural para que Petroperú recupere capacidad de generar ingresos y estabilidad.
El Frente Sindical de Trabajadores Petroleros de Petroperú sostuvo que el Gobierno y el MEF estarían llevando deliberadamente a la empresa a un colapso financiero, al prolongar la incertidumbre y postergar decisiones clave que —según su postura— deterioran la credibilidad de Petroperú ante el mercado. Esta narrativa apunta a que la fragilidad sería “fabricada” para justificar cambios estructurales de mayor calado.
En ese escenario, Fitch Ratings comunicó el retiro de las calificaciones de Petroperú, indicando que ya no brindará cobertura y que su decisión responde a la falta de información suficiente para sostener el rating del emisor o de sus instrumentos. Si bien el retiro no equivale, por sí mismo, a una rebaja, sí añade presión reputacional en un momento de escrutinio sobre la viabilidad financiera de la estatal.
Mientras tanto, sindicatos y autoridades se encaminan a una semana decisiva: las movilizaciones iniciarán el 14 de enero, el paro entrará en vigor el 19, y el pulso público se trasladará a calles y mesas políticas el 20 y 21, con el debate de fondo abierto entre quienes sostienen que se trata de una reorganización para sostener la empresa y quienes denuncian una privatización por etapas.
