La reforma constitucional que busca blindar la Carta Magna contra cambios totales mediante una Asamblea Constituyente ha llegado al Congreso, tras un largo periplo burocrático. Esta iniciativa ciudadana, liderada por el abogado Lucas Ghersi, surge en un contexto político marcado por el debate sobre la necesidad o no de una nueva Constitución, un tema recurrente en la agenda nacional, especialmente en periodos preelectorales. Cabe recordar que la Constitución peruana ha sido modificada en numerosas ocasiones desde su promulgación en 1993, reflejando la inestabilidad política y social del país.
Según la investigación publicada por El Comercio, la propuesta busca modificar el artículo 206 de la Constitución, añadiendo un párrafo que prohibiría explícitamente la aprobación de una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente, reafirmando el rol del Congreso como único ente facultado para reformar la Carta Magna, ya sea con referéndum o mediante la aprobación en dos legislaturas con una votación calificada.
El proceso para que esta propuesta llegara al Congreso fue extenso. Ghersi inició la recolección de firmas en julio de 2021, en un momento donde Pedro Castillo y Perú Libre planteaban una Asamblea Constituyente. Tras recolectar las firmas necesarias, el expediente fue presentado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en febrero de 2023. El JNE se encargó de la validación y certificación de las firmas, un proceso que tomó más de dos años, antes de remitir la propuesta al Parlamento este último martes.
Aunque Ghersi reconoce que la urgencia inicial ha disminuido, considera que la propuesta sigue siendo relevante, especialmente ante la posibilidad de que el tema de la Asamblea Constituyente resurja en futuras campañas electorales. Argumenta que la Constitución actual presenta un vacío legal al no mencionar explícitamente la Asamblea Constituyente, lo que permite diversas interpretaciones. Su iniciativa busca cerrar esa brecha, estableciendo de manera inequívoca que la única vía para reformar la Constitución es a través de los mecanismos establecidos en la misma.
La propuesta ha sido derivada a la Comisión de Constitución del Congreso, donde será analizada en la próxima legislatura. Miguel Torres, subsecretario de Fuerza Popular, ha señalado que la iniciativa responde al temor de que se modifique la Constitución sin la debida participación del Congreso. Reconoce la importancia de atender las iniciativas ciudadanas, pero plantea la interrogante de si la reforma es necesaria, considerando que ya existen normas que exigen la aprobación del Congreso para cualquier modificación constitucional.
Por su parte, el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) destaca que la propuesta proviene de un mecanismo de participación ciudadana, lo que indica que un sector importante de la población respalda la reforma. Jorge Montoya (Honor y Democracia) apoya la iniciativa, argumentando que “sellaría” la prohibición de modificar la Constitución a través de una Asamblea Constituyente. El abogado constitucionalista Erick Urbina considera que la reforma sería una cláusula pétrea, aunque reconoce que ninguna disposición constitucional garantiza su permanencia a largo plazo.
Sin embargo, no todos los expertos comparten esta visión. Heber Joel Campos, también abogado constitucionalista, argumenta que la propuesta no es viable jurídicamente, ya que vulnera el principio de “autogobierno popular”, que permite al pueblo decidir cómo organizar su convivencia. Señala que la Constitución actual solo prevé un mecanismo para la reforma parcial, pero no para la total, lo que implica que esta última no está normada. En este sentido, considera que la iniciativa atenta contra una de las cláusulas intangibles de la Constitución.
